El consejero de Agricultura, José Luis Quintana, ha ordenado que se inicie el expediente de valoración de los terrenos donde se asienta Siderúrgica Balboa, en Jerez de los Caballeros, con vistas a su devolución a los antiguos propietarios. Según confirmaron a EL PERIODICO fuentes de la Junta, la orden se dio el 15 de diciembre, es decir, pocas horas antes de que finalizase el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para cumplir el auto de 22 de noviembre donde se instaba a la Junta a iniciar los trámites para la reversión del suelo donde se encuentra la industria.

A partir de ahora, los técnicos de Agricultura deben fijar un justiprecio para que los antiguos propietarios de las parcelas puedan recuperar los terrenos pagando lo estipulado. Este justiprecio se deriva del hecho de que dichos propietarios percibieron en su día una indemnización por las expropiaciones, y tienen que devolver ese dinero para hacerse con la propiedad.

Según fuentes consultadas por EL PERIODICO, los antiguos dueños tendrían que pagar en torno a 180.000 euros para quedarse con las 17 parcelas expropiadas en 1966.

RECURSO DE GALLARDO La única forma de frenar este proceso sería que el tribunal atendiese a los recursos presentados por el Grupo Gallardo y suspendiese la ejecución del auto, tal y como pide la empresa. Estos recursos se fundamentan en la imposibilidad de devolver los terrenos, por el perjuicio que se causaría a la actividad industrial, y proponen que la sentencia de la que deriva el auto (dictada por el Supremo en el 2000) se ejecute mediante una indemnización a los antiguos propietarios que sea determinada por el tribunal.

Sin embargo, esta pretensión choca con lo recogido en el auto de 22 de noviembre, que indica que sólo la Administración encargada de ejecutar la sentencia (la Junta en este caso), puede alegar que el fallo no puede ser cumplido, y proponer alternativas. La resolución judicial recuerda por ello, que el Ejecutivo regional no sólo no se opuso a que se ejecutase la sentencia devolviendo los terrenos, sino que "sostuvo todo lo contrario".

Asimismo, y respecto a los perjuicios que se causarían a la empresa, el auto del TSJEx recoge en su punto tercero que si el Grupo Gallardo se ve afectado en sus intereses, "deberá defenderlo por otras vías que no afecten a la ejecución del fallo". En todo caso, el único derecho que se reconoce en el auto a la empresa es que se le dé la oportunidad "de desmontar las instalaciones existentes".

Mientras, desde la Junta el único pronunciamiento sobre este asunto ha sido el de su vicepresidente, Ignacio Sánchez Amor, quien aludió a una posible permuta de terrenos --descartada en abril por los letrados del Gobierno extremeño-- y a que sean los jueces los que resuelvan, cuando éstos ya han trasladado a la Junta la responsabilidad de cumplir la sentencia.