El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto-ley por el que se modifica la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, y que permitirá un ahorro cercano a los 40 millones de euros al modificar las condiciones de una operación suscrita con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el año 2012. De manera inmediata, se quiere amortizar la operación que se realizó con el ICO para el pago de proveedores, por importe de 228 millones de euros para un plazo de 10 años, y a un tipo de interés del Euribor más 525 puntos básicos. La vicepresidente regional, Cristina Teniente, explicó que se trataría de realizar “esa cancelación y sustituirla por otra operación”, bien sea “mediante emisión de deuda o mediante préstamos con bancos que suscribirán con el mismo importe con un interés del Tesoro más 75 puntos básicas. Con esta doble operación, el Gobierno “se va a ahorrar cerca de 40 millones de euros”.
En concreto, Teniendo informó de que se va a llevar a cabo una modificación del artículo 114, para articular “un marco jurídico flexible que permita realizar operaciones financieras que generen un ahorro en los costes financieros”. Se trata, en definitiva, de hacer posible “una cancelación anticipada de operaciones financieras en los periodos de mayor restricción crediticia”. La situación del mercado financiero en general y, en particular en Extremadura, han cambiado “drásticamente”, con una “creciente demanda” y una “notable disminución en los tipos de interés que permiten obtener ahorros en las operaciones de financiación”. En este sentido, la dirigente apuntó que resulta necesario y urgente dar una respuesta “autorizando legalmente, como extrapresupuestarias, aquellas operaciones que contribuyan a disminuir la carga financiera de las operaciones que ya están suscritas a elevados tipos de interés”. Es, por tanto, una modificación normativa “totalmente justificada” que adopta la fórmula del decreto-ley porque es un instrumento para dar “una respuesta ágil”.
