La Junta hizo público ayer un comunicado en el que reconoce que debe devolver lo cobrado a las eléctricas por el conocido como impuesto ecológico (Impuesto sobre Instalaciones de Producción y Distribución de Energía que incidan sobre el Medio Ambiente), después de que EL PERIODICO informase en su edición de ayer de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) había condenado al Ejecutivo regional a pagar dos millones de euros a Unión Fenosa por el cobro de dicho impuesto en 1998.
La sentencia del TSJEx era consecuencia de un fallo anterior del Tribunal Constitucional (TC), que en julio pasado anuló este tributo, lo que dio vía libre al tribunal extremeño para resolver los recursos presentados en su día por las eléctricas y que estaban paralizados a la espera del pronunciamiento del TC.
En su escrito, la Junta confirma que las sentencias que le obligan a reintegrar lo recaudado se derivan de la decisión del Constitucional, "situación prevista y asumida" desde que se dictase la sentencia. Añade el comunicado del Gobierno extremeño que entre los efectos del fallo del TC "se encuentra la devolución de los ingresos recaudados que se encuentren amparados por la propia sentencia".
Sin revelar la cantidad final que supondrá asumir las obligaciones marcadas por el fallo del Constitucional, el Ejecutivo regional asegura los pagos "no suponen una alteración de las previsiones de ingresos y gastos al contar con la solvencia financiera para ello".
Además, la Junta insiste en que los efectos del fallo del TC no pueden aplicarse a la nueva redacción que se dio a la ley que regula el impuesto en el 2005. De este modo, y a juicio del Gobierno extremeño, el gravamen sobre la producción y el transporte de energía que inciden sobre el medio ambiente puede seguir aplicándose a partir de la entrada en vigor de esta reforma este mismo año.
