Esto no es Santa Junta", dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno regional, a la vez que calificó de "ocurrencia" la petición de intervención de Acorex presentada por la dirección del grupo en la que, opinó, no existe ni unanimidad de todas las partes. Cristina Teniente se mantuvo en la posición del Ejecutivo de que el futuro del grupo cooperativo pasa por la unión de sus 42 socios y, en consecuencia, el retorno de los tres que han avisado con salir en 2015: Miajadas, Santa Amalia y Granja.

La vicepresidenta quiso apostar por la "independencia" de Acorex, de ahora y de antes, y dijo que en la actualidad se sigue trabajando para tratar de alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes y permita aprobar el plan de viabilidad que ya cuenta con el visto bueno de los acreedores. El mismo, que contempla unas deudas de unos 32 millones de euros, recoge también la necesidad de otros 14,5 millones de euros concedidos, así como dos años de carencia en el pago. Estaba previsto que mañana jueves se celebrara una asamblea general extraordinaria de socios donde se votara dicho plan, si bien no ha trascendido si se mantiene a la vista de los últimos acontecimientos.

Según informa Europa Press, a la salida del consejo de Gobierno de ayer, Teniente afirmó que el Gobierno no ha cambiado de posición respecto a Acorex, aunque insinuó que otros sí. Además, dijo que existe una declaración institucional del Parlamento referida a la "independencia" y "viabilidad" de Acorex, que es lo que según afirmó "está preservando en todo el momento" el Ejecutivo.

Fuentes consultadas consideran muy complicado, legal y administrativamente, llevar a cabo la intervención del grupo cooperativo siguiendo la Ley de Cooperativas. Además, esta actuación iría en contra de los principios del Gobierno actual no injerencia en la empresa privada. Se entiende que esta figura, por otra parte, se reserva a casos extremeños y debe partir del Gobierno y no al revés.

En el grupo, por su parte, unas voces hablan de pre-concurso de acreedores a la vista de la negativa de la Junta, aunque otras lo niegan tajantemente al entender que se trataría de una solución fatal. Precisamente ayer, el secretario general de UGT, Francisco Capilla, auguró que la agrupación de cooperativas "acabará en pre-concurso de acreedores" a la vez que acusó al Gobierno de "haber mirado hacia otro lado" en toda esta problemática.

Desde el PSOE, la diputada Isabel Gil Rosiña dijo que lo que está haciendo Monago "es perder el tiempo para que el calendario llegue el 24 de mayo", mientras que desde Ciudadanos, M Victoria Domínguez afirmó que "la responsabilidad de la Junta en este momento consiste en asumir la tutela de la solución al problema de Acorex".