Los funcionarios extremeños recuperarán finalmente el 75% de la paga extra suprimida en 2012 pese a la prórroga de los presupuestos. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, trasladó ayer a los sindicatos "el compromiso firme" del Ejecutivo con el cumplimiento del acuerdo alcanzado en la Mesa de la Función Pública para hacer efectivo el pago en dos plazos antes del 31 de enero. Blanco-Morales, que el pasado jueves aseguró que la prórroga de los presupuestos tras el apoyo del PP a la enmienda a la totalidad de Podemos podría impedir el pago por falta de fondos, dijo ayer tras mantener una reunión con CSIF, UGT y CCOO que la Junta está buscando fórmulas para abonar los 57 millones pendientes a los 45.000 empleados públicos afectados "en los términos acordados". Es decir, que recibirán el 26,23% del importe que se les adeuda este mes y el 48,77% a principios de enero. El 25% restante, que asciende a 19 millones, ya se pagó en la anterior legislatura.
"Nuestro compromiso es firme. La irresponsabilidad y deslealtad de Podemos y el PP se traduce en que necesitamos un instrumento que vamos a buscar, y vamos a defender ese acuerdo ante el Gobierno y lo vamos a llevar a la práctica ", dijo Blanco-Morales. Ante la manifiesta falta de fondos, la consejera señaló que hay "distintas posibilidades e instrumentos normativos" para hacer efectivo el pago de la extra suprimida a los funcionarios. Estos mecanismos --no quiso concretar cuáles-- están en fase de estudio y al respecto explicó que se optará "por el más rápido y el que garantice la absoluta legalidad y seguridad jurídica". "Encontraremos ese instrumento y se abonará lo antes posible", insistió. Ante las objeciones que pueda poner el Gobierno central, Blanco-Morales aseguró que el abono del 75% de la paga extra "no supone abandonar las obligaciones contraídas" con el Ministerio de Hacienda. La consejera insistió en que la Junta cumplirá los objetivos de déficit "en unos plazos que sean razonables y sin sacrificios para nadie", en este caso los empleados públicos.
Sobre este asunto se pronunció también el PP, que reiteró que la Junta "no tiene ninguna excusa" para no abonar a los funcionarios el 75% de la extra suprimida. La portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, recordó ayer que el Ejecutivo puede recurrir a una modificación de crédito porque el presupuesto "está abierto" y por ello exigió al presidente que "no vuelva a utilizar la mentira como estrategia para ocultar su incapacidad". Teniente consideró "mezquino" que el Ejecutivo se dedique a "amenazar" a los empleados públicos y señaló que el PP no va a permitir que se incumpla este compromiso adquirido con el colectivo "porque se puede cumplir, porque hay más ingresos y porque los gastos se pueden modificar".
SINDICATOS Por su parte, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF valoraron de forma positiva el encuentro mantenido con la consejera y manifestaron su satisfacción por que el acuerdo alcanzado sí se llevará a la práctica. El presidente de CSIF, Benito Román, destacó que "impere el sentido común", ya que los empleados públicos "no tienen que pagar los platos rotos de si se prorrogan o no los presupuestos". "Es de justicia que cobren lo suyo", apuntó Román, que aprovechó el encuentro con Blanco-Morales para reivindicar otras cuestiones como la jornada laboral de 35 horas o un calendario de oposiciones.
La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Marisol Salazar, consideró "positiva" la voluntad de la Junta mantener el compromiso adquirido, tanto del abono de la extra como la subida salarial. Salazar, que recordó que los funcionarios llevan cinco años con el sueldo congelado, criticó la posición "irresponsable" de los grupos parlamentarios, que a su juicio no han tenido en cuenta a los empleados públicos ni el servicio que prestan a la región, recoge Efe.
En términos similares, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José Ignacio Luis Cansado, consideró "una buena noticia" la intención de la Junta de hacer efectivo el acuerdo, pero criticó la "clara irresponsabilidad" de los grupos al votar contra unas cuentas que incluían más gasto en política social y la restitución parcial de los derechos sustraídos "de forma irregular e injustificada" a los empleados públicos.
