La Junta de Extremadura asegura que el sistema de protección de menores de la región "está sano", como se ha demostrado en su "rápida y eficiente respuesta" ante los acontecimientos en el centro de menores Julián Murillo de Cáceres durante el pasado verano. El PP, por su parte, considera que este mismo sistema "está enfermo". Estas son las posiciones que mostraron ayer, en la Comisión de Igualdad y Empleo, la directora general de Infancia y Familia de la Junta, Nuria Sánchez, y la diputada popular Cristina Herrera.
Sánchez aseguró que se ha hecho "responsable" de todo cuanto sucede en estos centros, y apuntó que su dirección general ha tomado la medidas oportunas en cuanto a conductas "no adecuadas" de varios técnicos de educación infantil hacia los menores internos "a la hora de la comida", por lo que trasladó el caso a la Fiscalía de menores por si lo hecho fueron constitutivos de delitos y suspendió el contacto de estos con los internos.
Para la popular Cristina Herrera, la Junta demuestra en este caso "su incompetencia" en la función tutelar de menores, puesto que no es la primera vez que hay denuncias por distintos hechos ocurridos en otros centros.
