Cerco a la violencia en las consultas. La Consejería de Sanidad y Política Social va a impulsar la creación de un Registro de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público con el fin de «protegerles» en el ejercicio de sus funciones y ofrecerles «una adecuada respuesta jurídica» ante la posible agresión de un paciente o sus familiares.

La medida se recoge en la Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público que se aprobó la pasada legislatura para reforzar el respeto a los facultativos y se va a regular mediante un decreto que ya se encuentra en fase de recibir alegaciones. Por esa condición de autoridad pública, agredir a un médico puede estar penado con hasta cuatro años de cárcel. No obstante, pesar del endurecimiento de las leyes los datos hablan por sí solos. De acuerdo a la última estadística del Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos, en España se registran por término medio un 2% de agresiones, frente al 7,5% de la región. En el 2016, 27 médicos fueron agredidos en su consulta, cifra que iguala los registros de 2014 y se coloca como la más alta desde 2010.

Las agresiones al personal sanitario se producen más en la provincia de Badajoz que en la de Cáceres (23 frente a cuatro el año pasado) y afectan especialmente a las mujeres, que padecen el 70% de los ataques frente al 30% de los hombres. La mayoría se producen en atención primaria, tanto en consultas (52%) como en urgencias (22%) y vienen motivadas fundamentalmente por discrepancias con la atención médica recibida; discrepancias personales; informes no acordes a las exigencias del paciente e incluso no recetar lo deseado.

PROTECCIÓN / En este contexto y en base a la aprobación de esa ley de autoridad en la pasada legislatura, la Junta plantea la creación de un registro autonómico para llevar cuenta de todas las agresiones «con la finalidad de proteger a los profesionales en el ejercicio de sus funciones». Según detalla la Consejería de Sanidad, este registró establecerá el número de casos de agresiones mediante una base de datos informática que dependerá del Servicio de Inspección Sanitaria y beneficiará a los profesionales de los centros sanitarios y sociosanitarios.

Hasta la fecha, no existe registro de agresiones a profesionales dependiente de la Junta, que conoce los casos de agresión a través de los colegios profesionales, o de las gerencias de área, tanto del SES como del Sepad.

Al contar con este registro, se permitirá facilitar el conocimiento de los casos por parte de la autoridad competente «de forma ágil y rápida», lo que a su vez permitirá suministrar, en su caso, la información necesaria a los servicios jurídicos de la consejería con objeto de garantizar que los afectados cuenten con una adecuada asistencia. Además, en los casos de posible infracción penal, la agresión se pondrá en conocimiento de la Fiscalía y la autoridad judicial competente.