La Junta de Extremadura ha decidido poner fin al fraude en la venta de Viviendas de Protección Oficial (VPO). A partir del próximo mes, la Administración autonómica ejercerá el derecho de tanteo y retracto que tiene sobre estos inmuebles para evitar "la especulación y el pelotazo".

A partir de ahora, quienes quieran vender un vivienda de este tipo deberán pasar por la Junta, que será la encargada de poner el precio acorde con el valor que en ese momento tenga la propiedad en el municipio donde esté ubicada. Una vez fijado, se venderá a una persona que esté en un registro oficial como demandante de viviendas protegidas.

Así lo anunció ayer la presidenta de la nueva Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y la Ordenación del Territorio, la exconsejera de Fomento, Leonor Martínez-Pereda, que se mostró convencida de que esta actuación "va a cambiar sobremanera el mercado inmobiliario" de Extremadura.

Se trata de que sea la Administración la que compre esa vivienda para después vendérsela a los demandantes registrados. Con ello, el Gobierno extremeño "velará para que esa vivienda se venda a esas personas por un precio que marca la ley, y velará porque el fraude sea nulo y evitar que el adquiriente pague dinero negro".

La vivienda se venderá por el precio que establece la ley, es decir el módulo máximo que esté establecido en ese momento para las VPO en cada municipio.

UN DERECHO SIN EFECTO La responsable de la Agencia explicó que este derecho siempre ha estado regulado, ya que de hecho aparece inscrito mediante nota marginal en las escrituras de compra-venta de las viviendas protegidas, aunque las administraciones nunca lo han ejercido.

En ese sentido, indicó que el 90% del fraude está en las viviendas de segunda transmisión puestas en venta por particulares, ya que, aunque "todos queremos viviendas asequibles, cuando nos convertimos en propietarios queremos especular y dar un pelotazo con el paso de los años".

Sin embargo, "eso no se puede consentir", matizó, y por ello se pone en marcha ahora esta medida. Una tarea de control que correrá a cargo de la Dirección de Disciplina Urbanística, Control y Transparencia del Mercado Inmobiliario, una de las novedades con las que cuenta la Agencia de la Vivienda.

Además, precisó Martínez-Pereda, en este proceso la Junta "no va a estar sola", sino que contará con el apoyo de los notarios, los registradores, y los agentes de la propiedad inmobiliaria. El objetivo es "formar una cadena y un círculo mediante el cual va a ser posible, de una vez por todas, controlar de manera ejemplar lo que es el precio de la vivienda en el mercado".

Todo va a encaminado a que el Ejecutivo regional se constituya en un intermediario que vele por la transparencia en el mercado inmobiliario e impida todo tipo de fraude, incluido también el pago en dinero negro.

Por otro lado, mostró su convencimiento de que con las medidas que ponga en marcha este nuevo organismo "se va a controlar el precio al alza de la vivienda libre".