La Junta está negociando con las eléctricas cómo devolverles los más de 160 millones de euros que cobró del Impuesto sobre Instalaciones de Producción y Transporte de Energía que Incidan en el Medio Ambiente --conocido como impuesto ecológico -- entre los años 1998 y 2005.

Este tributo fue anulado por el Tribunal Constitucional (TC) en junio pasado. En la sentencia del TC se recogía que el fallo obligaba a considerar revisables "las situaciones (esto es, los cobros) que a la fecha de la publicación de la sentencia no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma y no haber recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme".

De este modo, la decisión del TC motivó que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) activase las reclamaciones planteadas por las eléctricas contra las liquidaciones de los últimos ocho años, y que habían quedado en suspenso a la espera de que el Constitucional se pronunciase. La activación de los recursos ha dado como resultado hasta ahora que el TSJEx haya reconocido, al menos, el derecho de devolución del impuesto en dos de sus cuotas para Unión Fenosa, otras tantas para Endesa y una cantidad por determinar para Iberdrola. Además, y con el mismo fundamento que en las resoluciones dictadas hasta ahora, todo apunta a que el TSJEx continuará dictando fallos idénticos en los recursos posteriores aún pendientes de resolver.

En total, las reclamaciones podrían superar los 160 millones de euros --la Junta no ha precisado la cantidad pese a los reiteradas peticiones en este sentido de EL PERIODICO-- a los que habría que sumar, según los propios fallos judiciales, los intereses de demora. El reparto de lo adeudado a las tres compañías afectadas sería de alrededor de 90 millones para Iberdrola, unos 60 millones para Endesa y en torno a 18 para Unión Fenosa.

Fuentes de las eléctricas apuntaron que las primeras sentencias de obligación de devolver lo cobrado emitidas por el TSJEx han motivado que se intensifiquen los contactos por parte de la Junta para negociar los pagos. Así lo expresó un portavoz de Endesa, que apuntó: "Lógicamente, en esta situación nos interesa sentarnos y ver fórmulas, y va a haber reuniones en los próximos días". El mismo portavoz manifestó que la negociación se limita a determinar "cómo se paga lo que se debe".

En cuanto a la amenaza del presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que afirmó en julio que si no se llegaba a un acuerdo podría plantearse una subida del actual impuesto ecológico --sobre cuya reforma de finales del 2005 el Constitucional no se ha pronunciado y que por tanto sigue en vigor-- para afrontar el pago, el portavoz de Endesa prefirió no pronunciarse.

Mientras, ni Iberdrola ni Unión Fenosa se han manifestado aún sobre esta cuestión, aunque fuentes próximas a las compañías afirmaron que las negociaciones están en marcha.

Desde el Ejecutivo regional, que no ha especificado si el proyecto de presupuestos del 2007 contempla alguna partida para afrontar la deuda judicial, la única reacción oficial ante las primeras sentencias del TSJEx que le obligan a devolver lo cobrado ha sido apuntar que "la asunción de las obligaciones que se deriven de estos procesos no supone una alteración de las previsiones de ingresos y gastos al contar con la solvencia financiera para ello".