La Ley de Desarrollo del Turismo en Extremadura pedirá que los soportes web de alquiler de viviendas retiren de sus plataformas los establecimientos ilegales. El director general de Turismo, Francisco Martín Simón, dio a conocer ayer que este requerimiento se encuentra entre las nuevas medidas que incluye del anteproyecto para la modificación de dicha normativa regional en el marco de la lucha contra la competencia desleal.

En declaraciones previas a la reunión del Consejo Regional de Turismo, en Mérida, Martín enumeró alguna de estas plataformas, entre las que se hallan Airbnb, HomeAway, Niumba o Rentalia, entre otras. Así, el director general explicó que, con esta modificación de la ley, los establecimientos que se comercialicen van a tener la obligación de identificarse con el número de registro.

Francisco Martín ha destacado el momento en su opinión «dulce» que vive el sector turístico en Extremadura, que crece «como nunca» y con cifras «récord», tanto en visitantes, como en pernoctaciones y en empleo. «El sector del turismo está tirando de la economía de Extremadura» aseveró, afirmando además que hay «decenas de empresarios, tanto de la región como de fuera, que están poniendo sus ojos en la comunidad y que se están renovando todas las empresas e infraestructuras». De este modo, a través de esta modernización de la ley en la que se está trabajando, el director de Turismo afirma que la Junta está «defendiendo a los empresarios legales, a los que pagan impuestos, y se está atendiendo a un problema que nunca antes se había atendido y que abarca más de 400 viviendas ilegales identificadas».

El director general de Turismo señaló también ayer que el nuevo decreto regulará a las agencias de intermediación en Extremadura, es decir, las agencias de viaje, presenciales y online, y las organizaciones profesionales de eventos y congresos.

Según explicó, se está haciendo un nuevo decreto, «ya que el anterior tenía 19 años», en una tarea de «modernización del turismo, de poner la legislación al día a efectos de las demandas del sector y de poner las nuevas normativas de las agencias de intermediación al nivel de la UE.