Si tiene un hijo, un nieto o un sobrino de 14 años, sepa que seguramente ya haya probado la cerveza, el ron, la ginebra o cualquier licor. 13,8 años es la edad media a la que los extremeños comienzan a beber alcohol, la droga más consumida por los menores de la región. Una situación que además se ve agravada por modas y nuevas prácticas como el binge drinking, que consiste en la ingesta masiva en un corto espacio de tiempo para embriagarse rápidamente. Comportamientos que pueden acarrear «unas consecuencias demoledoras» para las nuevas generaciones por su incidencia directa en la salud, el rendimiento escolar o el entorno familiar y a los que la Junta de Extremadura quiere poner coto con la nueva Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas en Personas Menores de Edad.
El borrador del texto recibió ayer el visto bueno del Consejo de Gobierno y ahora será remitido al Consejo de Estado para su análisis y valoración, paso previo indispensable para que pueda iniciar su tramitación en la Asamblea de Extremadura. Según explicó el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la nueva ley incide sobre todo en la educación preventiva y refuerza las sanciones con «medidas que reportan beneficio a la comunidad y se alejan del régimen disciplinario tradicional», al que consideró «fracasado».
Fernández Vara incidió en que esta nueva ley aborda una de las principales preocupaciones de los padres y destacó que se trata de un texto «muy participado», pues cuenta con las aportaciones del Colegio de Educadores Sociales, la Federación de Municipios y Provincias, ayuntamientos, el Consejo de la Juventud o los cuerpos de seguridad. El texto contempla que cuando se autorice a un nuevo establecimiento a servir bebidas alcohólicas se dé traslado inmediato a la policía local «para que tengan conocimiento exacto y seguimiento de este asunto», además de prohibir expresamente la presencia de máquinas de venta fuera de negocios autorizados.
El objetivo, señaló el presidente, es lograr «una cultura de reproche social» a los establecimientos que suministran las bebidas a los menores, para los que se mantienen las sanciones económicas de hasta 30.000 euros ya recogidas en la Ley de Convivencia y Ocio del 2003, el cierre temporal o total del negocio y la retirada de las ayudas públicas.
NUEVO ENFOQUE / En su exposición de motivos, en el borrador del texto se reconoce la facilidad que tienen los jóvenes para adquirir estas sustancias, la proliferación de los estímulos para su consumo (beber se presenta como una conducta social aceptada en la sociedad española) y la ineficacia de la política sancionadora. De ahí que se antoje necesario «un nuevo enfoque» a la hora de abordar esta problemática y hacerlo «desde la raíz, excediendo los límites meramente sancionadores y planteando respuestas más centradas en la educación que en el castigo».
Para ello, se opta por brindar a los jóvenes una atención disciplinar mediante la coordinación y cooperación de todos los agentes sociales implicados y un «enfoque pedagógico» en la potestad sancionadora a través de trabajos o actividades en beneficio de la comunidad; la inclusión del infractor en programas preventivos de formación o tratamiento y cursos formativos de comportamiento y concienciación sobre el consumo de alcohol.
La ley obliga además a poner en marcha, en los seis meses siguentes a su aprobación, un plan autonómico de prevención y sensibilización en el consumo de bebidas alcohólicas. Este debe abordar tanto el ámbito educativo como el familiar, sanitario y publicitario, todo con el fin de reducir los estímulos al consumo que llegan al joven e implantar una educación para la salud dirigida al logro de hábitos saludables. Reforzar la figura del educador social en los institutos para detectar problemas de riesgo y diseñar programas de ocio destinados a mayores de 12 años, campañas informativas sobre los efectos nocivos del alcohol o un protocolo de actuación sanitaria son algunas de las medidas concretas que se plantean en este sentido.
Junto a estas, la nueva ley establece limitaciones a la publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas e incide en la prohibición de consumir este tipo de sustancias en la vía pública, una cuestión que ya se reguló en 2003 con la ‘ley antibotellón’. También se mantiene el régimen sancionador a los establecimientos comerciales por suministrar bebidas a menores, con multas que pueden alcanzar los 30.000 euros, el cierre del negocio por un periodo de hasta tres años, la retirada de las ayudas públicas y la revocación de las autorizaciones municipales. Además, se habilita a la policía a entrar libremente y sin previa notificación en cualquier establecimiento y practicar cuantas pruebas sean necesarias para el cumplimiento de las funciones de inspección, lo que incluye incluso pruebas de alcoholemia a los chicos. Para todo ello, el texto apela a la colaboración de los ayuntamientos.
