La Junta ha presentado alegaciones a las bases reguladoras de la nueva subasta de energías renovables, de 3.000 megawatios, al igual que hiciera con la anterior, en la que todos los proyectos que lograron asignación son de energía eólica, "en detrimento" de la fotovoltaica y, por ende, de Extremadura.
La directora general de Industria, Energía y Minas, Ólga García, ha explicado que en la anterior convocatoria no se tuvo en cuenta ni una sola de las alegaciones que presentó Extremadura y que ahora el Gobierno anuncia otra subasta con "el mismo procedimiento y las mismas reglas", por lo que han vuelto a presentar alegaciones.
"Extremadura no se merece que impidan su desarrollo de esta manera. Es inaudito que una región con el potencial como la nuestra se encuentre un obstáculo tras otro que frene su progreso económico", ha aseverado durante su comparecencia en comisión parlamentaria para responder a una pregunta del PP acerca de las actuaciones que ha realizado la Junta respecto a estas subastas.
Ólga García ha detallado que las alegaciones remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) reflejan las "discrepancias" de la comunidad con determinados criterios "claves" que son contrarios a los intereses de Extremadura.
Así, la Junta advirtió de que el parámetro número de horas equivalente para cada tecnología "iba a alterar las condiciones de competitividad natural que deben respetarse" y supondría "un resultado perjudicial, en especial para la fotovoltaica en la que Extremadura tiene mucho interés", como así ha sucedido.
Esto, según García, podría haberse evitado si se hubiese establecido la subasta en función de un precio por kilowatio/hora y no por potencia instalada ya que "cada ofertante tendría en cuenta sus costes de inversiones y horas de funcionamiento real".
"España es el único país del mundo en el que esto es así. Además de no tener sentido, es un sistema sumamente complicado que resta transparencia", ha añadido.
Además, la Junta manifiesta su "disconformidad" con el sistema de desempate establecido porque ante un empate entre ofertas económicas de un parque eólico y una instalación fotovoltaica "sin ninguna justificación se consideraba ganador al parque eólico".
Una situación que -dice- se ha producido porque hay productores fotovoltaicos que "han ofertado la bajada máxima permitida".
Tampoco es lógico, a su juicio, el mecanismo establecido para ordenar las ofertas y "no se ha puesto en valor el hecho de que existan unas que aportan más energía cuando el sistema eléctrico más lo necesita, como es el caso de la fotovoltaica".
Igualmente, la Junta solicita "abrir cupos especiales para fuentes renovables emergentes: biomasa y termosolar", ya que éstas no han tenido la misma oportunidad de desarrollo tecnológico que la eólica y fotovoltaica, "muy avanzadas" en este sentido, y "en consecuencia no parten en igualdad de condiciones".
El cuarto punto de las alegaciones incide en la "inseguridad" que genera el hecho de que "el precio sea revisable", por lo que se demanda dar "estabilidad de precios a largo plazo", para "crear un contexto regulador favorable para la financiación de proyectos resultantes de la subasta".
Además de las alegaciones, García ha recordado que estas reivindicaciones han sido trasladadas por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de Economía, José Luis Navarro, en sendas reuniones con el ministro del ramo y el secretario de Estado de Energía, respectivamente.
El diputado popular José Antonio Echávarri ha recordado a la directora general que cuando se hacen alegaciones y no se aceptan ninguna de ellas, hay "otro paso más", que -dice- García conoce pues "participó activamente en otros pasos" que dio el anterior Gobierno regional del PP ante decisiones perjudiciales para Extremadura.
En este sentido, ha mencionado los cinco recursos que interpuso el anterior Ejecutivo regional del PP contra normativas del Gobierno central, "del mismo color político", que afectaban al desarrollo de las renovables en la comunidad.
"Ustedes a la hora de la verdad cuando cruzan el túnel de Miravete se transforman completamente", ha declarado Echávarri para acusar después de "sumisos" al presidente extremeño y consejero regional, a los que ha pedido que vayan "con toda contundencia a los tribunales" cuando se dan decisiones que perjudican a la región.
García le ha respondido que los cinco recursos "no sirvieron absolutamente para nada" y le ha recordado que el Gobierno central del PP ha impedido el desarrollo de las renovables en la región a golpe de real-decreto y tras una etapa de gran expansión con el Ejecutivo nacional socialista.
