La Junta reconoce retraso en los cambios en transporte por carretera, pero garantiza el servicio

Así lo ha dicho González en Mérida ante la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias, Territorio, Administración e Interior, Urbanismo y Transporte de la Asamblea de Extremadura, donde ha respondido a una preGunta del diputado del PP Víctor del Moral sobre la configuración del mapa, que forma parte de la Obligación de Servicio Público (OSP).

González ha explicado que la configuración del servicio data de hace muchos años y que, al estar "obsoleto", es preciso actualizarlo mediante su reestructuración para que sea "más eficiente y con más calidad", y fomentar el transporte público.

Ha dicho que se trata de un proceso "arduo y laborioso" ya que hay numerosas dificultades, entre ellas conocer el tráfico de los recorridos y las demandas, y la adaptación de los nuevos pliegos a la actual normativa de 2018 en puntos como los contratos públicos.

Ha explicado que el contrato con una empresas del servicio para el estudio de la reestructura venció el 7 de marzo con un plan de ejecución de 21 meses en varias fases y que sólo queda una, entre el 7 de agosto de 2017 y el 7 de marzo de este año, y está en fase de ejecución.

El plazo ha debido ser ampliado por factores ajenos a la empresas, siempre bajo la supervisión de la Junta.

Además, ha señalado que el servicio se presta mediante 63 contratos, de ellos 46 correspondientes a la Junta, y que el objetivo es paliar el déficit ya que 23 presentan dificultades económicas y que sólo uno es de competencia autonómica, a lo que ha añadido que la Junta aporta ayudas y que así lo hará hasta que acabe la reestructuración.

Ha agregado, sobre el conflicto laboral en las empresas al no poder pagar algunas varias nóminas a causa de una supuesta deuda de la Junta con ellas, que ésta no les debe "ni un euro".

En definitiva, ha subrayado González, el servicio está garantizado, ya que se tomarán las medidas precisas en puntos como las ayudas ante los déficit de algunas empresas, y que no hay que "trabajar con prisas" en la reestructuración aunque el plazo se sobrepase en seis meses o un año, todo para "hacer algo serio".

Por su parte, Del Moral ha afirmado que, según la legislación, el día 1 de enero de 2019 deberá preparada la adjudicación y prestación de un nuevo servicio reestructurado pero que el Ejecutivo extremeño no cumple los plazos y que, debido a esa "parálisis" en la gestión, ese día no estará preparado el servicio regular.

Ha aseverado que ha habido numerosos retrasos en los plazos en las fases intermedias y que el propio director general dijo en su día que a finales de 2017 estarían redactados los anteproyectos, proyectos y pliegos, y que se sacarían a licitación a principios de este año, lo que no se ha cumplido.

Ha agregado que en agosto de 2015, y gracias al trabajo del anterior Gobierno regional, la Junta pudo sacar a licitación el servicio de asistencia técnica para la reestructuración pero que "a partir de ahí todo han sido incumplimientos y retrasos", y que, por ejemplo, dos empresas ya superan el plazo de dos años fijado como máximo para prestar el servicio.

El parlamentario ha dicho que hay un problema "gravísimo" en el sector que afecta a docenas de trabajadores y a miles de usuarios,.

Ha recordado que este problema afecta a unas 80 localidades y que ha habido huelgas de trabajadores ya que las empresas deben varias nóminas a sus empleados ya que, según ellas, se les debe unos 800.000 euros y "trabajan a pérdidas".