La vicepresidenta de la Junta, Cristina Teniente, avanzó ayer que el Ejecutivo autonómico pretende modificar la Ley de Crédito Cooperativo para "blindar" las estructuras de las entidades de crédito extremeñas y evitar que en la región se vuelvan a producir situaciones como la vivida con el SIP de Caja Rural de Extremadura y las andaluzas del Sur y de Córdoba, que estuvo a punto de hacer desaparecer a la extremeña. Teniente explicó que con la modificación, que parte de una petición hecha por los socios de Caja Rural de Extremadura, se pretende preservar la identidad de las cajas de la región y aumentar la participación de los socios en las asambleas para "estabilizar y reforzar" la toma de decisiones. "La situación vivida nos obliga a modificar la ley para que no se vuelva a producir un SIP, y no digamos una fusión, como la que estuvo a punto de materializarse en Caja Rural de Extremadura", apuntó Teniente.

La modificación de la Ley de Crédito Cooperativo es uno de los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada ayer. Según explicó la vicepresidenta, la reforma que plantea la Junta incluye una limitación de las delegaciones de voto "abusivas" que en ocasiones "pueden anular la participación", ya que uno de los objetivos es que los socios tengan un papel más activo en el devenir de la entidad. Para conseguirlo, la Junta plantea modificar el modelo de votaciones y representatividad, de tal forma que en las reuniones, un socio solo pueda representar a cinco como máximo. Además, los acuerdos de fusión deberán ser aprobados por una mayoría reforzada de cuatro quintos en las asambleas generales.

MAS CONTROL Pero quizá la modificación más relevante que propone el Ejecutivo es la obligación de que todo proceso de "fusión, integración o absorción" de una entidad de crédito extremeña deba contar con el apoyo del Consejo de Gobierno de la Junta, previo informe del Banco de España. Teniente explicó que esta medida se aplicaría también para cualquier forma de cesión de activo y pasivo o negocio financiero que afecte a las entidades de crédito extremeñas. "El objetivo es blindar las estructuras para que no ocurra lo mismo que en Caja Rural", aseguró la vicepresidenta.

Según Teniente, la intención de la Junta con los cambios --que ya han sido criticados por UPyD, partido sin representación parlamentaria-- es "compatibilizar la libre decisión de los socios de la entidades con el control que le corresponde a la Administración".