Tiene un tufillo a rancio que nos lleva a época pasadas", dice Pedro Escobar, coordinador de IU y docente durante 39 años, hasta el curso pasado. Se refiere a la última reforma educativa elaborada por el ministro José Ignacio Wert, un anteproyecto de ley, de momento, sin consenso parlamentario y para cuya elaboración no se ha tenido en cuenta a la comunidad educativa ni a las organizaciones sindicales, aunque diga lo contrario el texto normativo.
Esta es solo la primera crítica que recibe por parte del sector desde Extremadura. La segunda tiene que ver con el nombre de la reforma: Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). ¿Servirá esta reforma para eso? "Más bien va en el sentido contrario. Los grandes problemas de la educación actualmente --el abandono prematuro, el fracaso y la calidad-- no se superan con esta propuesta", insiste Escobar. El mismo argumento lo comparte CCOO y UGT. "Ni el ministro ni nadie pueda asegurar que mejora la calidad de la enseñanza, eso depende de muchos factores", señala Saturnino Acosta, de ANPE. Y necesita la aportación de las personas que trabajan diariamente en el aula, añade José Manuel Chapado de PIDE.
La Consejería de Educación, por su parte, considera que será beneficiosa para combatir los altos índices de fracaso y abandono, pero el resto de organizaciones duda de ello. "Como en cualquier norma hay elementos que se reconocen como más necesarios y acertados, otros que no creemos que vayan a aportar gran cosa y otros que pueden dar al traste con las mejoras que puedan producir los primeros. Es como los lotes de cualquier oferta: unos productos lo hacen atractivo, otros van de relleno y en otros es donde el vendedor o bien nos quiere engañar o bien donde hace su agosto", explica Manuel Pascual, de CSI-F, el sindicato mayoritario de la educación en Extremadura. La FREPA cree que no mejorará nada educación. "Los cambios van encaminados a la excelencia, olvidándose de la calidad del sistema y reduciendo a la mínima expresión la equidad".
Para Víctor Rodríguez, presidente de la Asociación de Docentes de la Enseñanza Concertada, calidad educativa es sinónimo también de inclusión e igualdad de oportunidades para todos los alumnos y "las líneas maestra de la LOMCE van incardinadas en la dirección de seleccionar al alumnado para buenos resultados académicos sin que vayan de la mano de la equidad. El extremo lo ponen cuando manifiestan su disposición para concertar centros que segregan por sexo". La segregación es uno de los puntos calientes de la norma y el origen del tufillo a rancio que detecta Escobar. Para Isabel Gil, portavoz del PSOE, es una de las medidas que supone la vuelta a los años 60, "decir adiós al siglo XXI".
SEGREGACION Y REVALIDAS El anteproyecto recoge que se prorrogarán los conciertos a los centros que segregan al alumnado por sexo, a pesar de las recientes sentencias del Supremo en sentido contrario. "Separar a los niños de las niñas no supone siempre una discriminación, sino una opción más de la libertad de enseñanza", asegura la ley. Libertad de enseñanza, que precisamente, piden los padres de la concertada en esta ley porque considera que no se potencia, señala CONCAPA.
Otro hueso duro son las reválidas. Según el anteproyecto, todos los alumnos deberán pasar por exámenes obligatorios y comunes para todo el Estado a los 8, 11, 15 y 17 años. Los dos primeros no tendrán consecuencias académicas, pero los segundos serán imprescindibles aprobarlos para obtener el título o pasar a otra etapa. Para UGT se carga así de un plumazo la evaluación continua y el sistema de reválidas "solo va a suponer un aumento de las repeticiones, que fomentará que muchos alumnos no sigan estudiando y abandonen la escuela". El responsable de este sindicato, Miguel Salazar, asegura que la única forma de remediar esto es a través de programas de atención a la diversidad. Lo mismo opina CCOO que alerta de que la primera consecuencia de la evalucación escolar que plantea Wert será la separación temprana del alumnado y un aumento del abandono escolar. Para el PSOE las reválidas "significan dejar por el camino a muchos alumnos con dificultades y una pérdida de iualdad de oportunidades". En el lado opuesto se posiciona CSI-F, que considera que la exigencia de un esfuerzo mínimo para pasar de curso "mejorará de los resultados".
EVALUACIONES Escobar piensa que es positivo que el sistema educativo se evalúa periódicamente. "Como mecanismo de revisión y detección de deficiencias es necesario, pero debe quedar claro el objetivo porque si se van a hacer rankings de centros solo servirá para discrimiar a centros y hacer clasidicaciones que no conducen a nada. Pascual, de CSI-F, insiste en lo mismo. Defensor de lo público, "nos preocupa el uso que se haga un mecanismo que creemos beneficioso: las evaluaciones orientadoras y las de final de etapa. "Rechazaremos catálogos de centros", que Adecex considera que confrontaría a la escuela pública y concertada.
