El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Creación de Entidades Públicas, que recoge la puesta en marcha del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, el Instituto de Consumo de Extremadura, la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa y el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios. Además permitirá crear la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En la presentación de la norma, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Angel Franco, destacó que este proyecto ha requerido un "laborioso" proceso para lograr el máximo consenso entre los sectores afectados y los departamentos de la Junta implicados.
Según dijo, la creación de estos nuevos entes públicos tiene como objetivo "dotar a la administración de un órgano para mejorar o profundizar en la atención a los dependientes, en aras a la defensa de los consumidores y usuarios, la evaluación del sistema educativo, a la prestación de los servicios educativos complementarios y a la lucha contra la pobreza en el mundo", y la ley nace "con la vocación de crear un régimen uniforme para los entes públicos" y "dotar de agilidad y eficiencia a la administración que ha desarrollarse" en consecución de los objetivos que persigue cada uno de ellos.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó una partida de 2,7 millones de euros que se destinará a la promoción y modernización del comercio y la aplicación en el sector de las nuevas tecnologías.
Igualmente, se dio luz verde al decreto regulador de las subvenciones a agrupaciones y entidades sin fines de lucro que incidan en actuaciones para la igualdad de oportunidades y se dotó una partida de 634.000 euros para que estas agrupaciones desarrollen actuaciones encaminadas a promover las oportunidades de la mujer mediante asesoramiento e información.
