Los cazadores y pescadores extremeños podrán ejercer su actividad en siete comunidades autónomas (Extremadura, Castilla-León, Madrid, Aragón, Galicia, Asturias y la Comunidad Valenciana) gracias a la licencia interautonómica de caza y pesca en aguas continentales. Una nueva licencia que permitirá ejercer estas actividades en todos sus territorios, con determinación de las características que tengan y del procedimiento administrativo para su concesión. Las tasas acordadas son de 70 euros para la licencia de caza y de 25 para la de pesca.
La consejera extremeña de Medio Ambiente y Rural, Política Agrarias y Territorio, Begoña García, firmó ayer con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y el resto de los responsables autonómicos el convenio de colaboración para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales.
Según recordó la Junta de Extremadura en nota de prensa, la firma de este acuerdo fue una de las peticiones que realizó el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en su primer encuentro con la titular de Agricultura el pasado 9 de septiembre.
Por su parte, Begoña García resaltó el valor de la caza y la pesca como "motores económicos de las zonas rurales" y destacó que con esta medida se beneficiarán sectores como "la hostelería y restauración, armería, guardería de cotos, mano de obra de apoyo a monterías, industrias cárnicas y taxidermia".
El objeto principal de este convenio, explicó la Junta, es la expedición de una única licencia que permita a sus titulares ejercer estas actividades en las regiones firmantes "con la pretensión de que los ciudadanos interesados no tengan que repetir las mismas gestiones en cada comunidad autónoma donde quieran realizar la actividad".
MAS EFICACIA Y EFICIENCIA Con ello, además, se busca una "mayor eficacia y eficiencia" del gasto de la administración y un mejor servicio al ciudadano.
Asimismo, el ministerio tiene el compromiso de diseñar e implantar una aplicación que "facilite la fluidez de la información" entre las comunidades firmantes (especialmente en lo referente al registro de infractores) y las regiones de implantar modelos de gestión on line .
