El pasado lunes comenzaron en la finca Valdigüelo, en el término municipal de San Vicente de Alcántara, los trabajos de recuperación de los restos óseos de cerca de una treintena de alburquerqueños fusilados en 1936 por las tropas franquistas. Operarios municipales han empezado la búsqueda de veintisiete cuerpos que tras ser ajusticiados fueron arrojados al pozo de una vieja mina.
Uno de los encargados de descender a la fosa, Eduardo Maya, ha señalado que tras extraer los huesos de varios animales, --vacas y ovejas--, se localizaron los primeros restos de cuatro personas, "según certificaron los médicos del centro de salud". Dada la profundidad del pozo y el escaso perímetro superficial, las máquinas excavadoras encuentran dificultades para trabajar sobre el terreno. Pese a ello las excavaciones van a continuar hasta llegar al fondo y recuperar todos los restos allí esparcidos. Varios arqueólogos de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura colaboran en esta tarea y se está a la espera de la certificación de los restos por un equipo forense.
El Ayuntamiento de Alburquerque coopera de esta forma con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con el objetivo de poder dar una sepultura digna a los desaparecidos víctimas del franquismo. La tarea es difícil, puesto que una vez recuperados los restos óseos deberán ser identificados practicándoles las pruebas del ADN. Muchos de estos desaparecidos son anónimos, y en algunos casos lo serán definitivamente, tras pasar más de sesenta años en esta fosa común. El alcalde, Angel Vadillo, se comprometió hace unas semanas con la hija de una de las víctimas, Rosa Casanovas, en desenterrar los restos de su madre, Serafina Roca, esposa del que fuera alcalde de la localidad en el momento en que se inicia la contienda en pleno verano de 1936, Martín Casanovas.
EL PRIMER PASO
Alburquerque ha sido el primer paso dentro de los trabajos que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura tiene programados para identificar fosas comunes localizadas en Llerena, Castuera, Talarrubias o Mirandilla, entre otros municipios.
Este colectivo ha afirmado que instará al Estado a sufragar los gastos de los trabajos de excavación e identificación de las víctimas, ya que considera que es un deber del Estado al adquirir el compromiso con la firma de la Convención sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
