El exgerente de Caval, Manuel García, negó ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz --donde declaró como imputado por posibles delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones-- haber ocupado nunca este cargo en la cooperativa hortofrutícola de Valdelacalzada, aunque en ocasiones hubiese realizado funciones que corresponden a este puesto.

Esta fue una de las aseveraciones más llamativas de las que trascendieron de su declaración, que se prolongó durante casi cuatro horas (tiempo en el que se vetó la entrada de la prensa al edificio). García, según fuentes de la cooperativa, se exoneró de cualquier responsabilidad en documentos públicos o subvenciones y apuntó hacia los técnicos de la cooperativa como responsables de la gestión en los distintos departamentos que --dijo-- funcionan de forma independiente. Asimismo, manifestó que él únicamente "iba dos horas por la mañana a la oficina y que solo llevaba la contabilidad" como hacía en otras empresas a través de su asesoría.

Además del exgerente, ayer declararon ante la jueza el expresidente de la anterior junta rectora, Juan José Magdaleno, y el exsecretario, Laureano Reyes, --imputados por los mismos delitos--. Ambos contradijeron en sus testimonios a García, ya que aseguraron que era éste quien tomaba las decisiones en Caval. También los socios de la cooperativa aseguraron que Manuel García estaba considerado en el pueblo "como un Dios" y que nadie dudaba ni de su palabra ni de sus indicaciones "por eso él decía lo que teníamos que hacer y lo hacíamos", relataron. Además, en el despacho que ocupaba figuraba una placa en la que se podía leer gerencia y como gerente ha aparecido siempre en la prensa.

Este diario intentó ponerse en contacto con Manuel García, pero no fue posible.

La jueza no ha tomado medidas cautelares, por lo que la situación jurídica de los tres imputados se mantiene tras su declaración. La cooperativa informó de que se va a ampliar la denuncia de nuevos hechos aportando documentación que ha ido apareciendo y que constatarían desfases contables, así como otros documentos hallados a los que no encuentran "explicación".

Por su parte, la Junta de Extremadura confirmó ayer que de momento no se ha personado como acusación particular --posibilidad que como a los socios le ofreció la jueza por ser parte perjudicada--, aunque no descartó que se dé este paso.

Mientras los imputados prestaban declaración, en las puertas de la Audiencia Provincial estaban concentrados casi un centenar de socios de Caval con pancartas y folletos informativos en los que exigían que se investigue dónde han ido a parar los 28 millones de euros de deuda de la cooperativa y se haga justicia.

NO LOGRARON VERLO Los socios llegaron en un autobús y vehículos particulares antes de las nueve de la mañana, pero no consiguieron presenciar la entrada de García a los juzgados, ya que éste había accedido con bastante antelación (estaba citado a las diez de la mañana). La mayoría tampoco estuvo presente cuando abandonó el edificio minutos antes de las dos de la tarde, ya que lo hizo por la puerta donde había menos socios concentrados y escoltado por la Policía Nacional hasta un furgón. Su vehículo estaba aparcado en una calle próxima --donde apareció cubierto de huevos--, pero no fue a recogerlo, ya que, al parecer, regresó a Valdelacalzada con un familiar.

La investigación de la fiscalía se inició tras la denuncia de 16 socios el pasado mes de octubre ante las sospechas de posibles irregularidades en la gestión de la cooperativa. El presidente de la actual junta rectora de Caval y uno de los socios denunciantes (a los que apodaron como ´los talibanes´), Antonio Domínguez, mostró ayer su confianza en la justicia. "Lo importante es que esto vaya para adelante, aunque sabemos que es un proceso lento", dijo.

"Con nuestra presencia aquí queremos demostrar a la opinión pública que todo lo que ha pasado en Valdelacalzada tiene un responsable, que nos sentimos traicionados y que queremos que judicialmente se reconozca que nos han estado engañando", explicó Antonio Rodríguez, otro de los socios de los que partió la denuncia. Añadió que no están satisfechos solo con haber llegado a un acuerdo con los bancos para obtener un crédito --que deben pagar en 21 años-- para salvar la cooperativa, sino que quieren que se llegue hasta el final de esta "trama" y se juzgue a los responsables.

Esos sentimientos los comparten el resto de afectados, que ayer volvieron a recordar que con la deuda de Caval se ha ido el trabajo de toda una vida.