Las más de 4.000 familias que se dedican al cultivo del tabaco en Extremadura anunciaron ayer, a través de las organizaciones que les representan, su decisión de paralizar la entrega del producto a las industrias hasta que no se les garantice un precio rentable. Esta será la primera medida de presión tomada conjuntamente por las organizaciones agrarias y las agrupaciones de productores de tabaco, que han solicitado una reunión urgente con el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, para debatir el futuro de un sector "que agoniza".

La decisión, tomada el lunes en Talayuela, fue hecha pública ayer en Cáceres por representantes de las organizaciones UPA-UCE, Asaja y COAG, así como de las agrupaciones de productores de tabaco, entre ellas la Federación Nacional de Cultivadores, Ibertabaco, Grutaba, Cotabaco y Tabaco de Cáceres.

Todos coincidieron en señalar el abuso que supone la bajada de precios propuesta por la industria, superior al 40%, y que, entienden, ha puesto contra las cuerdas a un cultivo de carácter familiar y del que "dependen más de un millón de jornales" en la región. En este sentido, criticaron también la actitud de las administraciones, que tildaron de "tomadura de pelo".

El responsable de UPA-UCE, José Cruz, aseguró que como consecuencia de la campaña de comercialización la situación actual es muy grave e incidió en que ni organizaciones agrarias ni productores se esperaban que la industria y las administraciones adoptaran esta actitud.

CUATRO EMPRESAS La reducción de precios, según Cruz, es una "medida unilateral y una imposición" de las industrias transformadoras, de lo que culpó tanto a la empresa pública Cetarsa como a las firmas privadas, "que no han sido capaces de mantener los acuerdos a los que habían llegado con los productores" --actualmente, en el ámbito territorial de Extremadura se localizan un total de cuatro industrias transformadoras con capacidad para formalizar contratos de compraventa de tabaco, como son Agroexpansión-Dimon, Taes, World Wide Tobacco España y Cetarsa, la única compañía pública, que es la que contrata más de la mitad de la cuota de cosecha en cada campaña--.

Por su parte, el secretario regional de COAG, Luis Cortés, fue tajante y afirmó que "no se entregará tabaco mientras no se fije un precio razonable". Cortés recordó que la postura de las organizaciones agrarias ha sido siempre la de defender los intereses de los agricultores manteniendo el cultivo, pero incidió en que "parece que las industrias y las administraciones no están interesadas en su futuro".

Si no hay interés en solucionar el problema "habrá que certificar la agonía del cultivo, pero con cargo a los agricultores no se va a mantener un sector por el que nadie está apostando", sentenció el secretario de COAG.

Angel García, presidente regional de Asaja, fue especialmente crítico con la Junta, y recordó que Ibarra ya prometió un plan de reconversión para el sector, como consecuencia de la OCM, "del que no se ha vuelto a saber nada". Asimismo, denunció la actitud del presidente extremeño del que dijo que "está callado ante los dictados del presidente del Gobierno".

Junto a las organizaciones agrarias comparecieron también algunos representantes de las productoras, como Grutaba, cuyo presidente, Angel Rubio, aseguró que se sienten abandonados por parte de las administraciones, a las que hizo un llamamiento para que sopesen el futuro que quieren para el sector y el estado en el que se encuentra actualmente.

EL LLAMAMIENTO Manuel Castaño, de la Federación Nacional de Cultivadores, destacó que este año "por primera vez no se han negociado los precios", lo que, a su juicio, "da una idea de cómo se presenta el futuro, e instó a los agricultores a apoyar las medidas reivindicativas de las agrupaciones de productores.

Por parte de Ibertabaco, Juan José Manzanero quiso dejar claro que las medidas que se han visto obligados a tomar no responden a una motivación económica y reconoció que los cultivadores son los primeros interesados en seguir cultivando.

También comparecieron Jesús Rivero, presidente de Tabaco de Cáceres, y Luis Rubio, presidente de Cotabaco, quienes pidieron a la sociedad extremeña su solidaridad con la situación que vive el sector en estos momentos.