Es por la mañana y Pedro (nombre figurado) está en casa frente al televisor. Está viendo uno de esos concursos televisivos en los que un presentador ofrece dinero a cambio de acertar preguntas cuya respuesta es complicado no saber (denominados call tv ). Pedro se anima a llamar, marca el número que aparece en pantalla (un 905) y espera un par de minutos a entrar en el programa. En vano. Cuelga y finaliza la comunicación. Semanas después le llega una factura en la que le aparecen más de 250 llamadas supuestamente realizadas ese mismo día y a ese mismo número en el intervalo de 48 minutos. Ninguna de ellas supera los 20 segundos. En total, 277 euros más IVA.
La de Pedro es una de las muchas reclamaciones que ha recibido la Unión de Consumidores de Extremadura-UCE relacionadas con estos concursos televisivos, un formato que ha experimentado un notable auge con la llegada de la TDT. Solo en lo que va de año, las quejas presentadas superan el centenar, con unos importes que pueden llegar a "los setecientos u ochocientos euros", afirma Javier Rubio, presidente de UCE-Extremadura.
Desde este colectivo se denuncia que al llamar a este tipo de concursos se corre el riesgo de que la línea quede secuestrada , de manera que una vez que se ha colgado el teléfono, este sigue marcando una y otra vez el mismo número. Así, todo el tiempo que resta de programa.
En el Ministerio de Industria explican que la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones sí que recibe reclamaciones por estos concursos, pero matizan que no se trata de una cifra "elevada". Además, sobre el secuestro de líneas agregan que "en los casos en los que se ha denunciado, normalmente se ha demostrado luego que no existe esa posibilidad, que las llamadas no se han podido hacer solas. A veces pasa simplemente que el titular de la línea no sabe que se han hecho".
Las reclamaciones que se presentan en esta oficina (cuya decisión es vinculante) van dirigidas contras las operadoras, "porque son las que cobran al usuario, aunque luego la mayor parte del dinero vaya a parar a quien presta el servicio", aclaran en Industria.
Otra vía es presentar la queja ante la Junta Arbitral de Consumo extremeña. En este caso, el laudo que dicta también es de obligado cumplimiento, si bien las operadoras pueden estar adheridas o no al arbitraje (la mayor parte de las grandes compañías lo están). Javier Rubio explica que hasta ahora "un 99,9%" de estos expedientes se fallaban a favor del usuario, ya que se permitía exigir la refacturación a la operadora telefónica. Sin embargo, añade que desde hace un mes se ha producido un cambio de criterio en la Junta Arbitral de Consumo, de manera que no se admiten estas quejas contra las compañías, lo que provoca una "indefensión de los usuarios".
Rubio señala que otro de los principales motivos de las reclamaciones interpuestas contra las compañías telefónicas son los denominados SMS premium (mensajes de texto para obtener determinados servicios especiales, como participar en un concurso o descargarse una melodía para el móvil). Un 10% de las quejas que llegan a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones tenían que ver con ellos. El motivo de queja es, frecuentemente, la recepción masiva de estos mensajes a través de servicios en los que el usuario desconoce haberse dado de alta.
