Desde que la situó como segunda de a bordo convirtiéndola en la María Teresa Fernández de la Vega extremeña , Guillermo Fernández Vara no ha dejado de dar muestras de su confianza en María Dolores Pallero. La última ha sido el traspaso --recogido en un decreto publicado ayer en el Diario Oficial de Extremadura (DOE)-- de las competencias en política tecnológica. El objetivo es "optimizar la inversión de la Junta en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para mejorar los procesos internos y externos", explica Julián Expósito, secretario general de Presidencia. El primer resultado: el incremento del poder de decisión de la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno extremeño.

Ya al inicio de la actual legislatura, el departamento dirigido por Pallero (hasta entonces consejera portavoz del Ejecutivo liderado por el anterior presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra) adquirió, con el rango de Vicepresidencia Primera, nuevas competencias como son las de Consumo (antes vinculadas a Sanidad) o Migraciones y Cooperación al Desarrollo (antiguamente integradas en la desaparecida Consejería de Bienestar Social). Ahora su responsabilidad se amplía con la creación de la Dirección General de Administración Electrónica y Evaluación de las Políticas Públicas, que centralizará todas las políticas relacionadas con la utilización de nuevas tecnologías en el Gobierno regional.

"Hasta ahora todos los departamentos tenían competencias en este ámbito, que por primera vez se centraliza, desapareciendo la Comisión Interdepartamental de Asesoramiento Técnico, encargada hasta ahora de coordinar los esfuerzos en este campo", explica el secretario general de Presidencia. Aparte de optimizar recursos, continúa Expósito, la nueva organización persigue "dar un impulso a la administración electrónica".

Tanto es así que además de dirigir la política tecnológica de la Junta, la nueva dirección --asignada a Jaime Grajera-- se encargará de chequear la efectividad de las políticas tecnológicas de la Junta y el grado de satisfacción de los ciudadanos, responsabilidad hasta ahora de la Consejería de Administración Pública y Hacienda. Esta, por su parte, asumió recientemente la nueva Dirección General de Justicia, de cara al proceso de asunción de estas competencias por parte de la Junta.