La Mesa del Congreso de los Diputados admite a trámite la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, registrada el día 28 de septiembre, y que se debatirá el 17 de noviembre.
Según la agencia Europa Press, la proposición de ley, la décima reforma estatutaria que llega a la Cámara desde 2004, se remitirá ahora al Boletín Oficial de las Cortes Generales para su publicación y pasará previsiblemente su primer examen en el Pleno del Congreso el 17 noviembre.
En esa sesión, y como marca la Resolución de la Presidencia del Congreso de 16 de marzo de 1993 sobre el procedimiento para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía, el debate comenzará con la presentación de la propuesta por una delegación de la Asamblea de la Comunidad proponente, compuesta por un máximo de tres miembros.
En su caso, la reforma extremeña será defendida por el presidente regional, el socialista Guillermo Fernández Vara, y por los portavoces autonómicos del PP, José Antonio Monago, y del PSOE, Ignacio Sánchez Amor. Después intervienen los Grupos Parlamentarios del Congreso para fijar su posición, por turnos que no excederán de diez minutos cada uno. Finalizado el debate, el presidente somete a votación de totalidad la propuesta y, si la misma fuese favorable, la Mesa de la Cámara acordará la apertura del plazo de presentación de enmiendas al articulado y la remisión del texto a la Comisión Constitucional, que preside el socialista Alfonso Guerra.
No se duda de su toma en consideración por el Pleno del Congreso ya que la reforma estatutaria ha llegado a la Cámara con el apoyo unánime de la Asamblea extremeña, votado por los dos partidos mayoritarios de las Cortes (PSOE y PP).
La duda es más bien la contraria, si la reforma extremeña acaba o no adelantando a la de castilla-la mancha, que aunque también llegó con acuerdo de socialistas y populares, lleva encallada en la fase de ponencia desde la pasada primavera.
El texto extremeño es la décima reforma estatutaria que se registra en el Congreso desde la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Seis de ellas completaron la tramitación parlamentaria en las Cortes Generales (Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla y León), una fue rechazada en el primer debate (el llamado Plan Ibarretxe de Euskadi), otra se frustró en comisión por falta de consenso (Canarias) y la última es la citada de Castilla-La Mancha).
