El Ministerio de Agricultura no decidirá a finales de esta semana, tal y como estaba previsto, sobre la propuesta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava de prohibir durante los próximos tres años en toda España la autorización de nuevas hectáreas de viñedos destinados a este espumoso. Una limitación que afectaría de lleno a la producción extremeña, que ha experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años que ahora podría verse frenado.
A través de un acuerdo firmado por el director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda, con fecha del jueves pasado, el ministerio amplía en diez días hábiles el plazo para fijar la superficie que se podrá autorizar para nuevas plantaciones de viñedos a nivel nacional en el 2018, y para dictaminar sobre las solicitudes de las denominaciones de origen protegidas de aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones. De agotarse el plazo, supondría que la resolución podría llegar ya a inicios del año próximo.
La razón que se arguye para este aplazamiento es que «realizada la preceptiva audiencia a las comunidades autónomas y al sector», y dada la documentación recibida (entre ella la presentada desde Extremadura, contraria a la medida), a la Subdirección General de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura, que es «la unidad instructora del procedimiento», «le resulta imposible elevar una propuesta debidamente motivada» a más tardar el 14 de diciembre para su publicación el día 15, que era la fecha de la finalización del plazo previsto en un principio por la normativa. No obstante, en esta demora también puede haber influido el deseo de no querer hacer pública la decisión solo a unos días de celebrarse las elecciones autonómicas en Cataluña, la principal zona productora de cava y desde donde se ha impulsado la propuesta de limitar la superficie.
Cada año, el ministerio debe decir cuál es la nueva superficie que autoriza para viñedos para el ejercicio siguiente. El incremento debe oscilar entre más del 0% y menos del 1%. En el 2016 se situó en el 0,43% y en el 2017 en el 0,52%. Sin embargo, la superficie de cava ha crecido a un ritmo superior en los últimos años hasta totalizar unas 36.000 hectáreas. De ellas, en Extremadura apenas si hay de momento unas 1.400. Además, «hay que tener en cuenta que algunas están recién puestas, con lo cual no están en plena producción», señala Jacinto Guerra, secretario técnico de la Asociación de Empresarios Vinícolas de Extremadura (Asevex). «En plena producción podemos tener 600 o 700 hectáreas», apostilla.
AL MENOS UN 1% / Una información publicada por el diario el País este fin de semana apuntaba que la intención del ministerio es permitir un incremento de en torno al 0,5% de la superficie, alrededor de unas 170 hectáreas en toda España. Para Guerra, sería una cantidad «ridícula». «El objetivo es llegar al menos al 1%», afirma el secretario técnico de Asevex, quien no ve justificada la petición del consejo regulador. «Si alguna zona de España tiene problemas por exceso de cava, que se lo limiten ellos, pero que no nos limite a quienes no tenemos ningún problema de comercialización. La demanda [de cava extremeño] está cubierta, incluso se ha dejado algo sin cubrir esta Navidad, por lo que hay posibilidades de expansión», resalta este experto.
El otro aspecto fundamental que habrá que ver cuando el departamento que dirige Isabel García Tejerina dé a conocer su decisión, añade, es si la prohibición se extiende por un periodo de tres años, como se plantea desde el consejo regulador o si, en caso de imponerla, el ministerio decide que sea por menos tiempo. «Hemos pedido que no se limite en absoluto, pero en el caso de que se limitara, que por lo menos fuera solo un año», concluye.
