Viviendas que durante el curso universitario se alquilan a estudiantes y en verano se ofrecen a viajeros. O particulares que se marchan de la ciudad en fechas concretas como Semana Santa y dejan su casa en alquiler. «Y hay hasta quien arrienda el trastero. Existe mucha variedad, sólo hay que entrar en cualquier portal de internet para comprobar que abunda la oferta irregular en la región». Es la queja que lanzan desde la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur). Este verano ya avisaron de que la clandestinidad iba en aumento y ahora vuelven a dar la voz de alerta. Su vicepresidente, Ignacio Lozano, asegura que, aunque no existen cifras concretas oficiales, según las datos que maneja esta entidad, en núcleos urbanos como Cáceres o Mérida, la mitad de los alojamientos turísticos que se anuncian no están dentro de la legalidad. En zonas rurales como por ejemplo la Vera, el Jerte o Gata (aunque también se da en la provincia de Badajoz), lo estimado es un 15%. «Hay que llevar a cabo un trabajo muy minucioso para descubrirlos, porque es muy difícil, en las áreas rurales quizás haya más de los que tenemos constatado, pero en los pueblos se alquila de otra manera, se publican menos anuncios», explica Lozano. Y añade: «No obstante, Mérida es sin duda el municipio que más casos concentra».

De hecho, un estudio realizado a finales del pasado año por el Ayuntamiento emeritense (en colaboración con las asociaciones de hosteleros y Fextur) recoge que en esta ciudad hay identificados unos 325 ilegales.

Como referente, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del pasado año reflejan que Extremadura cuenta con una oferta total de 1.346 alojamientos turísticos: 597 de categoría rural, 400 establecimientos hoteleros y 349 apartamentos.

OBJETIVO CLARO / Además de vicepresidente de Fextur, Ignacio Lozano también ejerce de presidente y portavoz de la recién creada Aturnex (Asociación Turismo Norte Extremadura), que esta misma semana se presentó en Plasencia: uno de sus principales objetivos es la lucha contra la oferta irregular.

Para que se considere que un alojamiento cumple con la legalidad, éste ha de constar en el Registro Oficial de Empresas y Actividades Turísticas y cumplir con una serie de requisitos en relación con la seguridad: listado de visitantes, extintores... Asimismo, su propietario debe pagar los impuestos correspondientes por el reporte económica que supone el alquiler. «Pero no lo hacen, por eso los precios son más baratos y, como no, más atractivos para los clientes», se lamenta Lozano.

«NO SON ILEGALES» / Desde la Junta de Extremadura explican que lo correcto es hablar de alegalidad y no de ilegalidad. ¿La razón? La comunidad autónoma aún no dispone de una normativa regional que regule y sancione a esta oferta irregular. De momento, hay muchas lagunas. Desde la Consejería de Economía e Infraestructuras (a la que pertenece la dirección general de Turismo) explican que ya se trabaja en un primer borrador que saldrá a la luz «en unas semanas» y que sentará las bases del futuro decreto que le ponga reglas a este sector (que supone el 6% del PIB extremeño).

En este sentido recuerdan que las webs que hacen de intermediario no tienen ningún tipo de responsabilidad. Y añaden que aún no existe normativa porque se ha estado a la espera de que, desde el Gobierno central, se impulsara un texto común que después cada comunidad adaptaría. «Pero tras haber estado un año en funciones, poco se ha podido avanzar, a pesar de que se ha solicitado varias veces. Por eso hemos decidido tomar la iniciativa desde aquí», añaden desde la consejería. Pero también quieren subrayar que «la alegalidad se da principalmente en restauración y menos en alojamientos».

Desde Fextur insisten en que existe gran dificultad para detectar el problema pero que éste sigue en aumento.