El 67% de los docentes que acudieron el curso pasado al Defensor del Profesor de ANPE fueron mujeres. El 63% tenía una experiencia docente inferior a 15 años y una edad comprendida entre los 30 y los 50 años. La silueta de la conflictividad que sufren los docentes en las aulas no es ninguna novedad. «Se repite el perfil de una víctima que se considera más débil, más inocente, contra la que suelen ir más los agresores», razona Beatriz Berrocal. «Lo tenemos muy presente en la violencia de género y eso de alguna forma se perpetúa también en la violencia en las aulas», precisa.
Pese a que la legislación reconoce a los docentes como autoridad pública, como lo puede ser un profesional médico, esa condición no se valora. «Hoy en día es difícil tener ese respeto reconocido legalmente». Para ello, desde el servicio de ANPE consideran que es necesario desarrollar normativamente una ley específica de la condición de autoridad del docente. «Sin ese desarrollo su utilidad es meramente testimonial en la Ley de Educación de Extremadura». Además proponen revisar y actualizar la ley actual de conviviencia escolar (una medida que la Consejería de Educación también ha puesto sobre la mesa) y aplicar otras medidas existentes como el plan de actuación en relación con las alteraciones de la conviviencia por acoso escolar, aprobado recientemente, y los decretos de convivencia. Reclaman también formación sobre prevención y detección de conflictos para los docentes, garantía de protección jurídica al profesor, asistencia psicológica gratuita y más mediación con orientadores y educadores sociales en los centros.
