La nueva ley de violencia doméstica ha sido muy bien acogida en la región. Jueces, abogados y asociaciones de víctimas la consideran muy positiva, aunque estiman que para su aplicación en los juzgados extremeños será necesaria la dotación de más medios, tanto materiales como personales.
También es generalizada la opinión de que esta nueva normativa va a suponer un posible aumento del número de denuncias por maltrato, al posibilitar una mayor protección a las víctimas.
La ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, que comenzó a aplicarse el pasado día 4 de agosto, "pretende que a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, sustanciado ante el juzgado de instrucción, pueda obtener la víctima un estatuto integral de protección que concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal. Esto es, una misma resolución judicial que incorpore conjuntamente tanto las medidas restrictivas de la libertad de movimiento del agresor, como las orientadas a proporcionar seguridad, estabilidad y protección jurídica a la persona agredida".
Para Raimundo Prado, magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Cáceres, la filosofía de esta nueva ley es buena, "pues todo lo que sea evitar aspectos desagradables a posteriori es siempre positivo", pero reconoce que también plantea ciertos problemas, especialmente para los jueces, "pues ahora van a ser muchos más los trámites que una sola persona, el juez, va a tener que resolver".
POSIBLES PROBLEMAS
Raimundo Prado insiste en que esta ley implica imponer al juez tener que cumplimentar otra serie de actuaciones judiciales que hay que añadir a las que ya tiene, "pues ahora se unifica el aspecto civil y penal, algo que lógicamente requiere más medios, tanto materiales como personales, no sólo judiciales, sino también policiales y de otra índole".
La opinión de Raimundo Prado es compartida por Miguel Castro Vegas, abogado de Cáceres experto en procedimientos de violencia doméstica. Para Castro, uno de los aspectos más importantes de la nueva ley es que ahora puedan adoptarse en el mismo procedimiento medidas tanto en el ámbito civil como penal, "y la persona que interponga una denuncia tendrá en poco tiempo todo resuelto".
Castro opina que la nueva ley va a ser "de fácil aplicación" y señala como único problema el que pueda surgir de no poderse practicar en el mismo juicio, por falta de medios, las pruebas que se consideren necesarias.
Por su parte, la Asociación de Asistencia a Víctimas de Violencia Doméstica ´Malvaluna´ califica esta nueva ley de "muy importante", porque responde tanto a la necesidad de dar una respuesta coordinada ante los actos de violencia de género, una respuesta orientada a impedir la realización de nuevos actos violentos y a evitar el desamparado en que la víctima se encuentra tras la denuncia, como a a la necesidad de unificar los distintos instrumentos de amparo a las víctimas.
Pese a este aspecto positivo, desde ´Malvaluna´ se considera que la nueva ley no ofrece solución a la demanda más importante, "la inmediatez en garantizar seguridad personal a la víctima".
