El vicepresidente de la Junta, Carlos Sánchez Polo, informó ayer de que el Ejecutivo regional ha encomendado a la Consejería de Presidencia la presentación de una recusación contra Mercenario Villalba, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, "porque existen suficientes motivos para ello".
Sánchez Polo indicó que la recusación incluye los posibles asuntos en los que esté la Junta como parte en el futuro y también los que ahora se están tramitando, y recordó que "es el mismo juez que recusamos por decir al presidente del CES, Luis Pla, que iba a cerrar la televisión".
El vicepresidente del Ejecutivo regional señaló que hace poco "ha aparecido en un diario regional una carta donde un ciudadano afirma que este magistrado se ha declarado ´antisocialista´, y, por tanto, no puede juzgar nada que tenga que ver con la Junta, que está sustentada por el PSOE".
SORPRESA Y ESCANDALO
Además, Sánchez Polo manifestó que "estamos sorprendidos y escandalizados" porque los órganos competentes callan y no actúan pese a que conocen lo que está ocurriendo", y agregó que "tampoco dicen nada cuando se manifiesta la amistad de este juez con miembros del PP".
El vicepresidente de la Junta recordó que el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, llegó a apuntar que "hay magistrados que cobran en dinero negro", y tampoco hubo reacción alguna por parte de los órganos judiciales.
El magistrado objeto de esta recusación ya fue acusado de parcialidad por el Gobierno regional por haber dicho supuestamente a Pla que le dijese a su "jefe" que le iba a cerrar la televisión, en el transcurso de una conversación que habría tenido lugar en un bar durante el pasado Carnaval de Badajoz. Esta recusación fue rechazada por el TSJEx al considerar que no había elementos para sustentarla, lo que motivó acusaciones de "gremialismo" desde la Junta y el PSOE.
Más recientemente, el Ejecutivo regional volvió a cuestionar la imparcialidad de Mercenario Villalba al ser uno de los integrantes de la Sala del TSJEx que anuló la concesión de ocho emisoras de radio realizada por el Gobierno extremeño y consideró en su sentencia que las concesiones debían asignarse a CBM, de la que forman parte tres hermanos del alcalde de Mérida, Pedro Acedo.
