Nueve ayuntamientos extremeños aparecen en el último informe del Defensor del Pueblo --el correspondiente a la gestión realizada durante el 2009-- como administraciones que han entorpecido o han retrasado notoriamente su respuesta a los requerimientos de esta institución. De esta forma, han incumplido la obligación de colaborar que tienen, por ley, todos los poderes públicos con esta institución de una manera "urgente y preferente".
La memoria establece tres niveles de incumplimiento. En el primero de ellos se identifica a las administraciones cuya actividad debe ser considerada entorpecedora por haber dificultado u "obstaculizado la labor del Defensor del Pueblo, sistemáticamente o de forma empecinada, en el curso de alguna investigación", recoge el informe. En este apartado aparece un único ayuntamiento extremeño, el de Jarandilla de la Vera, al que el 15 de septiembre del 2008 se le solicitó un informe sobre molestias ocasionadas por el botellón. Después de un tercer requerimiento se procedió al cierre del expediente en octubre del 2009.
En la segunda sección se relacionan las administraciones que en uno o varios expedientes no han contestado a una solicitud de información después de habérseles requerido hasta en tres ocasiones. Aquí estarían incluidos dos consistorios extremeños, los de Badajoz y Villamiel. En el primer caso, se le pidió informe el 9 de marzo del 2009 sobre la depuración de aguas residuales El tercer requerimiento se hizo en diciembre de ese mismo año.
En cuanto al ayuntamiento cacereño de Villamiel, no se atendió a la solicitud de información acerca de la negativa de este consistorio "a prestar los servicios de alumbrado público y de alcantarillado a la casa que poseen en ese municipio las promotoras de la queja". Se hizo el tercer requerimiento el 17 de noviembre del 2009. También en este segundo capítulo figura el Colegio de Abogados de Badajoz, al que en octubre del 2008 se le pidió, sin éxito, información sobre la actuación profesional de un abogado del turno de oficio.
En el tercer y último apartado se incluyen las administraciones que únicamente contestaron al Defensor tras serles requerida en tres ocasiones su colaboración. Aquí aparecen los ayuntamientos de las dos capitales de provincia --el de Badajoz, repite--, a los que se suman los de Casas del Monte, La Garrovilla, Plasencia, Ruanes, y Valverde de Llerena.
Las peticiones de información eran relativas a irregularidades en la construcción de un edificio (Badajoz); falta de información sobre un expediente de disciplina urbanística (Cáceres); sobre molestias por ruido de un bar (Casas del Monte); molestias ocasionadas por una fábrica de fertilizantes situada en el casco urbano (La Garrovilla); mal estado de un solar que habría estado contemplado para la construcción de un parque (Plasencia); no resolución de una solicitud de licencia de obras (Ruanes); y falta de conservación de un tejado (Valverde de Llerena).
