Abordar la realidad de la inmigración de una forma amplia, en la que se tengan en cuenta las aportaciones de los colectivos sociales, sindicatos, empresarios y municipios de la región es el objetivo de un programa de medidas que la Junta de Extremadura está elaborando y que tiene previsto tener cerrado antes de que concluya el presente año. Se trata del II Plan de Integración para Inmigrantes para el cual hasta el momento se han celebrado numerosas reuniones en las que todas las partes implicadas han ido presentando sus propias propuestas para mejorar las condiciones laborales y sociales de un colectivo que engloba a unas 30.000 personas en la región, lo que supone en torno al 3% de su población.

Hasta la fecha se desconoce qué medidas concretas contemplará el plan, aunque si se sabe que por primera vez se quiere dotar a las políticas de inmigración en Extremadura de un caracter integral y transversal, es decir, que en su gestión tomen parte todos los departamentos de la Administración regional, tanto las responsables de materias como el trabajo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios sociales.

Según dijo ayer la directora general de Inclusión Social y Prestaciones, Concepción Cáceres, el programa buscará la generación de "lugares de encuentro" en los que la población autóctona y los inmigrantes puedan estrechar sus lazos.

En Extremadura cotizan en la seguridad social 12.500 trabajadores extranjeros, en su mayoría hombres --8.073 frente a 4.469 mujeres--. Esta cifra hace que los inmigrantes supongan un importante colectivo para los sindicatos de la región. Desde CC.OO. en Extremadura, la secretaria de Política Social, María Corona, apuesta por la elaboración de medidas que, por un lado, se destinen a la integración social de los inmigrantes "con papeles en regla" y, por otro, que se propicie su entrada en el mercado laboral de pleno derecho y en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.

En su opinión estos ciudadanos deben ser beneficiarios de acciones que suplan su falta de conocimientos tanto de la lengua, como de las costumbres, las tradiciones y las leyes. Al mismo tiempo apuesta por la persecución a los empresarios que contratan a inmigrantes ilegales "para beneficio de todos", puesto que su contratación perjudica en primer lugar al propio trabajador, pero también a los parados y al resto de empresarios que sí cumplen con las leyes.

En el plano social se apostará también por la búsqueda de espacios comunes en los que no se diferencia a los inmigrantes del resto de la población. Para que este aspecto pueda llevarse a cabo, será necesaria la colaboración de los ayuntamientos extremeños, que de momento reciben con buenos ojos contar con un plan regional que ayude a gestionar un fenómeno como es el de la inmigración para el que, en muchos casos, no cuentan con las competencias ni con los recursos suficientes para prestar un buen servicio.

En este plano, el alcalde de Mérida, Angel Calle, apuesta por incluir en el plan y extender a todos los municipios extremeños una medida ya puesta en marcha en la capital extremeña, y que consiste en la creación de una oficina de atención al inmigrante, gestionada por los propios inmigrantes. En ella se presta ayuda y se facilita el acceso de los extranjeros a cuestiones básicas como la sanidad, la educación o el empleo.