Nuevos contratiempos amenazan a las renovables en la región. El consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, aseguró ayer que la mesa de negociación abierta entre el Ministerio de Industria y el PP para alcanzar un posible pacto energético nacional "deja en el aire" la implantación de 13 plantas termosolares en la región, así como un inversión de 4.000 millones de euros necesaria para su construcción --entre 250 y 300 millones por planta-- y los más de 7.000 puestos de trabajo que podrían generar --550 por planta--.
Importantes cantidades a las que hay que sumar también las pérdidas que se pudieran producir en energía fotovoltaica, si bien es cierto que no son tan elevadas. Según la Junta, en este sentido se podrían desinvertir 300 millones euros, necesarios para instalar los 110 megavatios que ya están inscritos en el registro de preasignación.
Por todo ello, Navarro insistió en que es necesario que la incertidumbre sobre la revisión de las primas no paralice los acuerdos y las decisiones que ya se han tomado en el sector y manifestó la necesidad de que "ya en el mes de julio se ofrezcan unas reglas claras y seguras a los promotores e inversores que sirvan para garantizar los proyectos a largo plazo". Según explicó, esta urgencia se debe "a que las termosolares tienen una fecha máxima de puesta en servicio" y cinco plantas de esas 13 que ahora quedan en el aire "tienen que estar funcionando antes de que acabe el año 2012". Por tanto, para poder cumplir los plazos, es necesario que la construcción comience en el próximo mes.
PREOCUPACION Navarro no dudó en mostrar "la preocupación" que la Junta tiene al respecto, aunque aseguró que la Administración regional "no dejará de luchar por que salgan adelante estas inversiones y los puestos de trabajo que traen consigo". Para lograrlo, el consejero afirmó que el Ejecutivo regional presentará una serie de propuestas a esa mesa de negociación, intentando proteger así las cuestiones clave para la región que se ven afectadas.
Así, Extremadura pedirá que no se reduzcan los objetivos de consumo renovable fijados para el año 2020 (establecidos en el 20%), que se mantengan los preacuerdos alcanzados hasta la fecha sobre los ajustes de las primas a termosolares y eólicas --que según Navarro, deben ajustarse al máximo aunque asegurando la rentabilidad-- , que se siga negociando con el sector fotovoltaico, que las decisiones se tomen urgentemente y que se apruebe cuanto antes la regulación futura.
Pero esto solo es una "postura preventiva" que se ha fijado "por si acaso" un pacto nacional por la energía se convirtiera en un elemento más contra la instalación de las renovables en Extremadura.
