Medidas extraordinarias del Estado para paliar las consecuencias de la sequía, aunque solo algunas de ellas beneficiarán a Extremadura y las organizaciones agrarias regionales ya han dejado claro que son insuficientes. El consejo de Ministros aprobó ayer un aplazamiento de un año -sin intereses- en el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas y trabajadores de explotaciones afectadas por la falta de agua. Será de aplicación en todo el ámbito nacional. Pero tanto UPA-UCE como Apag Extremadura Asaja piden que en lugar de un atraso en estos pagos, se perdonen.
El real decreto-ley que recibió ayer el visto bueno por parte del Gobierno también contempla exenciones en las tasas de riego en varias cuencas hidrográficas por valor de 53,8 millones de euros, pero entre ellas no figura ni la del Tajo ni la del Guadiana. Se considera que, de momento, Extremadura no alcanza la situación de «alerta y emergencia» que sí sufren ya otras regiones.
Pero las organizaciones agrarias insisten en recalcar la realidad de la comunidad. De hecho, los pantanos están actualmente al 58% de su capacidad, cuando el año pasado por la misma fecha rozaban el 80%. Asimismo, UPA-UCE asegura que la sequía ha supuesto 162 millones pérdidas ya, una cantidad que podría crecer hasta los 90 millones de aquí al mes de agosto.
DESIGUALDADES / Las medidas aprobadas por el Gobierno tienen como objetivo «dar apoyo financiero» a los productores ante la escasez de precipitaciones, según declaró la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Lo cierto es que se centran principalmente en las cuencas del Duero, el Júcar y el Segura (estas dos últimas consideradas oficialmente en sequía hidrológica desde 2015).
La ministra hizo un repaso de la situación hidrológica y subrayó que el déficit de lluvias es desigual en el país, «mayor en la cuenca del Duero e incluso en zonas que tradicionalmente tienen precipitaciones elevadas, como es el caso de Galicia y el resto de la Cornisa Cantábrica».
Las excepciones aprobadas, según Tejerina, supondrán una disminución de ingresos de 53,8 millones para las confederaciones hidrográficas, que beneficiarán a los regantes del Duero (8 millones), Júcar (8,5 millones) y Segura (37,2 millones).
No obstante, la ministra resaltó que si otra cuenca entrara en la misma situación límite, las medidas se harían extensivas para sus regantes.
CRÍTICAS / En este sentido, las organizaciones agrarias de la región piden que se ponga en marcha la mesa de la sequía o que este asunto -que consideran bastante preocupante- se aborde en el Consejo Agrario. Del mismo, lanzaron una crítica contra los seguros porque consideran que tienen un alto coste y muy poca eficacia real cuando se sufren las consecuencias de la falta de agua.
Las medidas aprobadas ayer por el consejo de Ministros se suman a otras ya lanzadas para mejorar el acceso de las explotaciones agrarias al seguro, su fiscalidad y a la financiación, según aseguró Isabel García Tejerina. Además, avanzó que se trabaja en una nueva orden de ayudas o al acceso al crédito dirigidas igualmente a los cultivos más afectados por la sequía.
Desde el 1 octubre (cuando tiene lugar el inicio de la campaña hidrológica) hasta el mes de junio, la media nacional de las precipitaciones ha sido un 13 % inferior a lo normal, mientras que la reserva hidráulica peninsular está en el 54,2%. La proximidad del verano hace pensar en que el panorama hídrico se deteriore.
