Con el reloj apunto de concluir la cuenta atrás del plazo dado por la justicia, los abogados de Isabel Pantoja realizaron el jueves una transferencia para pagar la multa a la que fue condenada la cantante por un delito de blanqueo de dinero junto a Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y su anterior pareja sentimental. El abono de la multa es condición imprescindible para pedir que no se ejecute su entrada en prisión al carecer de antecedentes, ya que de no afrontarla se añadirían seis meses más de prisión y sería imposible pedir entonces la medida de gracia. Tras informaciones confusas de los abogados que la defienden, estos finalmente confirmaron que la tonadillera solo abonó 100.000 euros de la multa de 1.147 millones, menos de una décima parte. Y es que a sus problemas judiciales se le suman los fiscales ya que, a raíz de una inspección ordinaria de sus ingresos, Hacienda reclamó a Pantoja 1,5 millones y ha embargado de forma preventiva todos sus bienes personales.

Este embargo es el que ha impedido por el momento vender el chalet de la cantante en Madrid, un dinero con el que quería hacer frente a la multa. Pantoja discrepa de los inspectores de Hacienda y considera que sus ingresos están en orden, no hay ninguna irregularidad y no tiene ninguna deuda, una compleja situación que se habría trasladado ya a la Audiencia de Málaga para justificar el aplazamiento en el pago de la multa, como prevé el Código Penal.

MEDIDA DE GRACIA Junto a ese aplazamiento y un calendario de pagos del resto de la multa, la cantante también pide a la Audiencia la suspensión de la condena de 24 meses de cárcel. Una medida de gracia de la que, en principio, podría beneficiarse como cualquier otro condenado al no tener antecedentes y ser la pena inferior a dos años.

En este sentido, Isabel Pantoja intenta hacer pasar el pago de parte de la multa como un gesto de buena voluntad y disposición a afrontar su condena, y de paso, demorar unos días más un posible ingreso en prisión mientras los jueces del caso valoran ambas peticiones.

Sin embargo, la cantante se enfrenta aquí a un nuevo obstáculo. Aunque es la Audiencia de Málaga quien tiene la última palabra, se necesita un informe previo de la Fiscalía, no vinculante pero con gran peso. Y hasta el momento, Anticorrupción --al frente de la cual se encuentra el fiscal Juan Carlos López Caballero, que llevó la instrucción del caso Malaya del que surgió la investigación de la cantante-- se ha negado a suspender la pena de cárcel a los dos trabajadores de banca también condenados a menos de dos años en el caso blanqueo.

El fiscal alega "la función ejemplarizante" y de prevención que el cumplimiento de la condena lleva aparejado en casos de corrupción. De hacerle caso la Audiencia, la cantante, ahora si que sí, daría con los huesos en la cárcel.