Los partidos con representación en la Cámara regional han pedido hoy al Ejecutivo extremeño que acate la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) suspende el proceso de oposiciones para personal laboral de la Administración regional.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha reclamado al Gobierno regional que dejen de "dar lecciones" y acaten la sentencia.

Según ha recordado, es la segunda vez que el TSJEx le dice a la Junta que paralice las oposiciones "porque lo han hecho mal" y ha añadido, en alusión a los miembros del gobierno, que "estos que eran tan listos, han sido demasiado listos".

En este sentido, ha lamentado que no solo hayan desoído las críticas que se le han hecho al proceso desde el ámbito sindical y político, sino que ahora pretendan desoír también a la justicia.

En este mismo sentido, se ha expresado el portavoz de IU, Pedro Escobar, que considera que el Gobierno extremeño ha de dar cumplimiento a la sentencia y resolver primero el proceso de promoción interna antes de convocar las de personal laboral, porque además "se está transmitiendo una información falsa".

Según ha dicho, cuando se asegura que se convocan 306 plazas no se tiene en cuenta que serán menos si se celebran primero las de promoción interna y que, por tanto, las restantes que queden serán las que se oferten.

Por su parte, el portavoz del Prex-Crex, Damián Beneyto, cree que este es un asunto que debería estar resuelto "porque no se puede seguir mareando a la gente" y se ha preguntado "si es tan difícil convocar unas oposiciones en condiciones", que después no sean resueltas en los tribunales de justicia.

Beneyto ha indicado que lo que tiene que hacer el gobierno extremeño es "cumplir la normativa" porque, de lo contrario, "se le hace un flaco favor a los ciudadanos".

Por último, el portavoz del PP, Miguel Cantero, ha considerado "tranquilizadora" la actitud del gobierno regional, y ha reiterado que esta situación es consecuencia "del capricho" de CCOO, que prefirió llevar a los tribunales esta cuestión "a sabiendas" de que podría perjudicar a 80.000 opositores.

Cantero considera que el gobierno extremeño "está siempre en la legalidad", al contrario de lo que se hacía en anteriores gobiernos en Extremadura.