Cuatro años de prisión es la pena a la que se enfrenta Luis Cortés Isidro en el proceso judicial que se sigue contra él en el Juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo por presuntas irregularidades en subvenciones al fondo europeo destinadas al almacenaje y compensación de higos secos en la campaña 1998-1999. Esta es la condena que tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares que actúan en esta causa --figuran en ella la Junta y la Cooperativa Iniciativa Rural, además del Estado-- piden tanto para el exdirigente agrario como para José Javier García Cuadrado, expresidente de la Cooperativa Iniciativa Rural, que será juzgado junto a Cortés próximamente, acusados de los delitos de falsedad documental y fraude a la hacienda de las comunidades.

Además de la pena de prisión se solicita también que Cortés y García Cuadrado paguen, de forma conjunta y solidaria, un millón de euros (170 millones de las antiguas pesetas), que es la cantidad que se estima cobraron de forma irregular en ayudas al sector del higo seco en la campaña antes indicada.

CINCO PROCESOS El proceso de Trujillo es uno de los cinco que contra Cortés se encuentran abiertos en estos momentos en diferentes juzgados de la región, como Jerez, Mérida o Cáceres, por diferentes delitos. Fue el primero, y también será el primero que celebre juicio contra el exdirigente agrario, una vez que se ha concluido la investigación y que las partes han presentado sus escritos de acusación y solicitado la apertura del juicio oral.

El proceso se inició hace algo más de un año, tras una denuncia formulada por un representante de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura ante la Unidad Operativa de la Guardia Civil, poniendo de manifiesto una percepción irregular de ayudas de la Unión Europea tramitadas por medio del Fondo Español de Garantía Agraria (Feaga). Estas se habían pagado por el correspondiente organismo gestor extremeño, en concepto de almacenamiento e intervención de higos secos sin transformar, producidos en la campaña 1998-1999, y siendo el beneficiario de las mismas la SAT HOR, de la que era presidente Luis Cortés Isidro.

A finales de enero del 2005 comenzaban a declarar ante la juez titular del Juzgado número 2 de Trujillo las personas detenidas por la Guardia Civil por su presunta implicación en este cobro ilegal de ayudas. Se imputó a 15 personas, pero en junio 10 de ellas, entre las que se encontraban los dos hermanos de Cortés, quedaban libres de cargos "al no estar debidamente demostrada su implicación". En los primeros días del pasado mes de marzo, tres de los cinco que aún seguían imputados, entre ellos un funcionario de la Junta, un director de una entidad financiera y un trabajador de Coag, quedaban también libres de cargos. Y tan sólo Cortés y García Cuadrado se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados como autores responsables de los dos delitos que se consideran probados en esta causa de Trujillo.