Una declaración conjunta sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, donde piden resolver el problema de insuficiencia estructural para financiar el gasto en servicios públicos y acometer una armonización fiscal. Fue el acuerdo firmado ayer en Mérida por los gobiernos de la Junta de Extremadura y de la Generalitat Valenciana. La consejera de Hacienda y Administración Pública de Extremadura, Pilar Blanco-Morales; y el conseller valenciano de Hacienda, Vicent Soler, fueron los encargados de sellar este pacto ante la reforma prevista para este año y que se encuentra en la fase de informe por la Comisión de Expertos.
En el documento suscrito se señala que los cambios no deben abordarse como un debate entre territorios, pues según, Blanco-Morales, «en las comunidades autónomas es más lo que nos une que lo que nos separa». «Se ha acabado la historia de los codazos», quiso añadir Soler.
El conseller valenciano considera que esta reforma supone «una gran oportunidad histórica” de corregir las deficiencias del actual modelo y dotar de recursos suficientes a la financiación de los servicios públicos de los que son responsables las comunidades (Sanidad, Educación y Servicios Sociales), así como mantener la calidad de éstos sea cual sea la coyuntura fiscal».
Además, según la declaración rubricada, debido a la insuficiencia de ingresos, y pese a reducir el gasto, las comunidades han incrementado sustancialmente su endeudamiento entre 2009 y 2014, mientras que si se hubiesen provisto los recursos necesarios para cubrir el gasto en estos servicios, el endeudamiento hubiera sido «156.000 millones de euros inferior al actual».
Por ello, para Extremadura y la Comunidad Valenciana, resolver este problema de insuficiencia estructural debe ser «el primer y principal objetivo del nuevo sistema de financiación», así como abordar el problema derivado de los déficits presupuestarios por la infrafinanciación autonómica y que se han traducido en «un nivel de deuda que amenaza la viabilidad de la totalidad de las comunidades de régimen común».
Según detalló Blanco-Morales, el gasto real por habitante de las comunidades «se ha visto forzado a retroceder un 15% entre 2015 y 2017» y, pese a ello, las comunidades dedican «16.000 millones de euros más» a prestar los servicios públicos esenciales de los que ofrece el Fondo de Garantía del actual modelo para financiarlos.
En la declaración se incide también en la equiparación en recursos a las distintas regiones para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir un nivel equivalente de servicios públicos, con independencia de donde residan.
Soler recalcó, además, que el nivel de gasto de los servicios públicos «debe estar protegido de las oscilaciones del ciclo económico», para lo que se debe construir una garantía a largo plazo mediante reglas de gasto reformadas y crear un fondo de reserva (como sucede con las pensiones).
Otro de los puntos clave es la aplicación efectiva del principio de lealtad institucional entre el Estado y las regiones, y de éstas entre sí; y piden que se acometa un proceso de armonización fiscal, ya que la ausencia de ésta provoca «una desigual e injusta distribución».
