El Partido Popular de Extremadura exige explicaciones sobre el acuerdo entre las compañías eléctricas y la Junta para la devolución del impuesto ecológicos, que los populares cuantifican en 170 millones de euros más los intereses de demora. Explicaciones que solicitará vía parlamentaria.Según informa la agencia Efe, la secretaria general del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, justifica su exigencia por unas declaraciones del director general de Unión Fenosa, Elías Velasco, quien anunció el 31 de octubre en Mérida que existe un "acuerdo genérico" con la Junta para devolución de impuesto ecológico a las eléctricas, tras la resolución del Tribunal Constitucional, en junio de 2006, contra la primera normativa al respecto elaborada por el Gobierno extremeño. El PP pretende conocer, en concreto, en qué consiste el acuerdo, cuánto habrá que devolver, en qué plazos y de dónde saldrá el dinero. Teniente critica a la Junta por no haber informado sobre ese pacto, por lo que, a su juicio, el presidente, Guillermo Fernández Vara, mantiene la misma actitud oscurantista de su antecesor, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.Por todo ello, los populares presentarán varias iniciativas parlamentarias para aclarar este asunto; la primera una solicitud de comparecencia o de Fernández Vara, ya que el representante de Unión Fenosa habló de acuerdo al más alto nivel, o del consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco. La secretaria general del Grupo Popular compara la falta de transparencia actual, con la gran publicidad que en su momento se dio al impuesto, en la línea de que se iba a quitar el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Esta política a lo "Robin Hood", según la política, ha tenido otros ejemplos, como las expropiaciones de las fincas Cabra alta y Cabra baja a la Duquesa de Alba, un "negocio ruinoso" para la Junta que finalmente tuvo que pagar más dinero del que inicialmente reclama la propietaria. En éstos y otros casos, los paganos han sido los ciudadanos extremeños, por lo que se preguntó quién asume las responsabilidades, "¿el señor Amigo?", en referencia al anterior consejero de Economía, que "ha sido premiado, como todos sabemos", ha agregado. En este sentido, ha recordado que la Junta siguió adelante con la ley del impuesto sobre la producción y el transporte de energía que incidan en el medio ambiente, conocido como ecológico y aprobado en 1997, a pesar de que el PP ya advirtió entonces que podía incurrir en inconstitucionalidad.