Partido Popular e Izquierda Unida temen que la construcción y posterior puesta en marcha de la refinería del Grupo Gallardo se haga en gran parte con trabajadores extranjeros después de saber que cientos de tailandeses llevarán a cabo la ampliación de Siderúrgica Balboa a través de una subcontrata con la empresa italiana Danieli. En su opinión, es un ejemplo más del "engaño" de este grupo empresarial, que anuncia mucho empleo en la región pero luego precisa un elevado número de especialistas foráneos.
La diputada regional del Partido Popular Teresa Tortonda señaló que la noticia de la siderúrgica "invita a pensar en qué va a pasar con la refinería". Por eso, reclamó que "los políticos que han apoyado estos proyectos den explicaciones", y se refirió al presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y al alcalde de Villafranca de los Barros, Ramón Ropero.
MAL PRECEDENTE En esta línea indicó que la construcción de una refinería es aún más complicada que la de una siderurgia, por lo que debería aclararse cuanto antes "cuántos extranjeros van a traer para ese proyecto", sobre todo teniendo en cuenta que el 20% de la inversión procederá de las arcas de la Administración autonómica a través de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (Sofiex). A su juicio, lo ocurrido con la siderúrgica de Jerez de los Caballeros lleva a pensar que pese a las promesas realizadas en Tierra de Barros "se ha jugado con la buena fe de la gente".
La diputada popular, que es de Villafranca de los Barros, preguntó al Grupo Gallardo "a qué empresa se le va a encargar el montaje de la refinería" para saber cuál va a ser la política de contrataciones en este caso. Recordó que el principal objetivo de la puesta en marcha de la refinería era la creación de empleo, por lo que cuestionó "por qué no empiezan por la siderúrgica".
Las respuestas del consejero delegado del Grupo Gallardo, Juan Sillero, a este diario asegurando que no quería hacer declaraciones en torno a estas contrataciones son calificadas por esta diputada como "increíbles", puesto que al contar con el apoyo de las Administraciones "tienen que dar respuestas los políticos y los empresarios".
En este sentido, se refirió también a la polémica surgida en torno a la existencia o no de un socio tecnológico en el proyecto de Refinería Balboa. Mientras Shell España asegura que sólo tiene un contrato para hacer la ingeniería Sillero insiste en que ya hay socio tecnológico pero que no puede decir su nombre porque existe una cláusula de confidencialidad. "¿Cómo puede haber una cláusula así en un proyecto con un 20% de capital público?", se preguntó Tortonda.
Por su parte, el coordinador regional de Izquierda Unida, Víctor Casco, reconoció que la noticia de la contratación de cientos de personas de Tailandia en la ampliación de la siderúrgica le "preocupa sobremanera". En primer lugar, apuntó que espera "que las organizaciones sindicales estén atentas para que no se les contrate en situaciones peores que al resto".
Además, se mostró convencido de que esta situación "desmiente que Gallardo genere tantos puestos de trabajo en Extremadura" puesto que, añadió, esto volverá a ocurrir en el caso de la refinería. "Gallardo es un empresario que sólo se preocupa de sí mismo y ahora ha quedado demostrado", incidió. "Estaremos vigilando sus condiciones de trabajo y espero que la Junta diga algo de este tema", apostilló el dirigente izquierdista.
La Consejería de Economía y Trabajo optó por no pronunciarse sobre este asunto porque, según fuentes oficiales del departamento, el Ejecutivo "no puede hablar de cosas en las que no tenemos competencias".
Sí habló Teodora Castro, secretaria de Comunicación de CCOO, para quien se trata de "una práctica habitual" en ese ámbito empresarial en el que se precisa mano de obra especializada. No quiso valorar si puede ocurrir algo similar con la refinería --"no todo el trabajo va a ser tan cualificado"-- y avanzó que para su sindicato "lo que importa, más allá de la nacionalidad, son las condiciones de trabajo". Por eso, vigilarán "para evitar contratos a la baja que puedan romper el mercado". UGT rehusó pronunciarse hasta que disponga de más datos.
