El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Julio Márquez de Prado, ha criticado el retraso que sufre el proceso de transferencia de la Justicia a Extremadura, situación de la que responsabiliza al Gobierno extremeño. En ese sentido, De Prado manifestó ayer en Cáceres que la Junta no está en estos momentos tan interesada en asumir estas competencias de Justicia --que en Extremadura tiene un coste anual de unos 32 millones de euros-- como lo está el ministerio en transferirlas.

"El Ministerio de Justicia está muy interesado en que se lleven a cabo las transferencias, pero me consta que la Junta de Extremadura no lo está tanto", indicó en el transcurso de la presentación de la Memoria Judicial del 2005. Y en su opinión, el motivo por el que Extremadura, junto con otras ocho comunidades, aún no tiene estas competencias es económico, "Probablemente se debe a las dudas sobre la dotación financiera con la que vendrían las transferencias".

La Administración no comparte esta crítica y aclaró al respecto que su voluntad es asumir las transferencias de funciones y servicios de la Administración de Justicia, pero en condiciones óptimas, con independencia de cuando se produzca el traspaso. Y aseguró mantener unas relaciones fluidas con el Ministerio de Justicia, "con el que se ha intercambiado constante información para valorar el coste efectivo de las transferencias y elaborar una radiografía precisa sobre la situación de los órganos judiciales en la comunidad".

En cualquier caso, se concluyó, esta materia es una competencia que tendrán que coordinar la Administración General del Estado y la Junta, tal y como lo vienen haciendo hasta ahora.

EL COSTE REAL La Justicia en Extremadura tiene un coste anual de unos 33 millones de euros, de los que unos 31 corresponden a los gastos de personal y 2 a los de funcionamiento. De llevarse a cabo las transferencias, advirtió el presidente del TSJEx, la Junta tendría que asumir un gasto anual de unos 21 millones de euros: los 2 correspondientes a los gastos de funcionamiento, que se asumen en su totalidad; y unos 19 millones que supone el personal transferible (1.570 personas) que es el que tendría que asumir la Junta. El coste de magistrados, jueces, fiscales, secretarios, sustitutos, suplentes y personal laboral (331 en Extremadura) seguiría correspondiéndole al ministerio.

Al margen de las cuestiones económicas, Márquez de Prado aseguró que la Sala de Gobierno del TSJEx, y él personalmente, siempre han manifestado la conveniencia de que se transfieran las competencias, "porque no es lo mismo tener que llamar a Madrid, que tener aquí a los órganos encargados de gestionar la Administración de Justicia. Yo creo que sería bueno para la Justicia en Extremadura y, en definitiva, para todos los ciudadanos de Extremadura, que se consumasen estas transferencias".

Pendiente del traspaso de las competencias, calificó de "muy aceptable" el funcionamiento de la Justicia en Extremadura, "algo que reconoce el propio Consejo General del Poder Judicial, que en su último informe sitúa a Extremadura y Castilla-León como las comunidades donde mejor servicio judicial se presta".