Había dos objetivos claros: permitir a las familias acceder a una vivienda con un coste razonable y abrir una alternativa en el mercado inmobiliario sin alimentar la especulación en plena ebullición del negocio. Eso sí, permitiendo a las constructoras que participaban en el proyecto levantar otros inmuebles en esas mismas promociones con precios libres. Con esa filosofía se puso en marcha el Plan Especial de 60.000 euros potenciado por la Junta de Extremadura.
La iniciativa se perfiló en 2004 y se desarrolló entre 2006 y 2010. Se calcularon muchos más pisos de los que después se edificaron porque llegó la crisis y truncó los planes y porque la demanda ya no podía cubrir la oferta. No obstante, más de 6.000 familias pudieron ser dueñas de unos de estos hogares repartidos por diversos municipios de la región. Eso sí, la mayoría en barrios a las afueras (el más destacado, el Cerro Gordo de Badajoz, con 42 bloques y 400 unifamiliares proyectadas).
Según los datos que maneja la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales -a la que pertenece la secretaría general de Vivienda-, se vendieron 6.217 inmuebles, de los que 4.397 eran del Plan de 60.000 (con la subida del IPC llegaron a costar 70.000, mientras las que se adquirieron posteriormente, en plena crisis, bajaron a 50.000, lo que provocó el malestar de los primeros compradores) y 1.089 tenían la calificación de vivienda media (el precio era el doble).
ENTRAN EN EL MERCADO
Eran pisos de protección pública, de manera que sus dueños debían usarlos como residencia habitual y no se podían ni poner a la venta ni alquilarlos a terceros. Pero ya han pasado diez años desde las primeras operaciones, y ese era el plazo que estableció la Junta de Extremadura para impedir la comercialización de estos inmuebles. Desde este 2017, los primeros propietarios ya pueden o bien colgarles el cartel de Se vende o bien arrendarlas. Aunque el coste sí estará controlado.
Tal y como explican desde Sanidad y Políticas Sociales, «las viviendas de 60.000 euros tienen un régimen de protección pública de 30 años, de manera que aunque ya se puedan comercializar, el interesado está en la obligación de solicitar a la Junta el tanteo y el retracto y el precio máximo legal de venta. Asimismo, los requisitos que debe cumplir el nuevo comprador son destinar el inmueble a domicilio habitual y permanente y no tener otro piso de protección oficial».
De momento, añaden desde la consejería, este año no han recibido ninguna petición.
Pero desde 2010 sí que se han concedido autorizaciones de venta anticipada, en concreto, 346 (296 en la provincia de Badajoz y 50 en la de Cáceres). Es una opción que se incluía en el Plan Especial de la Junta de Extemadura -y que algunos interesados han intentado lograr sin éxito- si era necesario deshacerse de la vivienda por causas especiales: imposibilidad de hacer frente a la hipoteca, cambio de ciudad por motivos laborales... En estos casos documentos como el certificado de desempleo, descubiertos bancarios o la ejecución hipotecaria, por ejemplo, se consideraban pruebas evidentes para permitir la operación comercial.
Desde este 2017, y a medida que las viviendas vayan cumplido una década (algo que irá ocurriendo en los próximos años), no será necesario justificar el motivo venta o de alquiler a terceros, solamente acordar un precio que la Administración regional considere acorde con el sistema de protección que aún está en vigor.
