La reforma de la política agraria común aprobada por Bruselas ha suscitado opiniones encontradas en las formaciones políticas mayoritarias de Extremadura. Así, desde el PSOE se considera que España debería haber opuesto una mayor resistencia a las pretensiones del eje francoalemán, mientras que para el PP el acuerdo final es equilibrado, y beneficia a algunos sectores.
En una primera valoración del documento definitivo, el diputado socialista y vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Congreso, Francisco Amarillo, aseguró que la reforma es "malísima" para la región y "se llevará por delante muchas explotaciones pequeñas y medianas", lo que supondrá una pérdida de población activa agraria.
Amarillo señaló que el desacoplamiento de ayudas puede venir bien a una parte de España, pero causará mucho daño en las dos Castillas, Aragón, Extremadura y Andalucía. Respecto a la modulación, explicó que "algo que se concebía como una redistribución de los recursos, para que vayan a quien más lo necesite, se ha convertido en un puro y simple recorte de ayudas, en detrimento de la renta de los agricultores". Como tercera cuestión, indicó que la congelación presupuestaria va a dejar sin dinero a muchas OCM.
A su juicio, la reforma deja el mensaje de que la Política Agraria Común no se decide en Bruselas, sino que viene marcada por la Organización Mundial de Comercio, y que se ha optado por una desregularización "brutal" del sector agrario, en vez de emprender una reforma más amplia que limite, por ejemplo los beneficios de los intermediarios, "que acaparan el valor añadido en detrimento de la renta de los agricultores y los consumidores".
POSIBLES BENEFICIOS
Por su parte, el diputado regional del PP Diego Sánchez Duque manifestó que Extremadura "no sale tan mal parada, sobre todo en sectores como el arroz, el vacuno y el ovino-caprino".
Además, indicó que la modulación no va a ser tan drástica como se temía, y que el 80% del dinero que se detraiga será gestionado por los Estados para que revierta en la realización de políticas para el desarrollo rural, donde Extremadura puede salir muy beneficiada. No obstante, reconoce al igual que las organizaciones agrarias que la reforma va a traer consigo una "burocratización" del campo, que obligará a los agricultores y ganaderos a tramitar multitud de expedientes.
