Los grupos de la oposición (PSOE, IU y Prex-Crex) pidieron ayer al Gobierno regional que atienda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y suspenda la convocatoria de oposiciones para cubrir 306 plazas de personal laboral de la Administración general por turno libre. La demanda llega después de que la semana pasada un auto del tribunal insistiera en que la Junta debe cumplir la sentencia dictada el pasado septiembre tras la demanda del sindicato CCOO, en la que le insta a convocar primero el turno de ascenso.
El último auto, que la Junta recibió ayer, da un mes a la Administración para paralizar el proceso en marcha, cuyos exámenes están previstos que comiencen a celebrarse en junio. De momento, el lunes se publicó la composición de los tribunales de evaluación y ayer mismo las listas de admitidos y excluidos en el Portal Ciudadano del Gobex, que tuvo problemas de acceso durante el día. El proceso sigue su curso mientras los servicios jurídicos de la Junta continúan analizando la resolución judicial para tomar una decisión final: recurrir el auto ante el TSJEx o parar el proceso de oposiciones en un mes. Cabe recordar que la Junta presentó un recurso ante el Supremo a la sentencia de septiembre, aún sin resolverse.
En esta situación, los tres grupos de la oposición pidieron ayer al Ejecutivo que haga caso al fallo del juez. El portavoz del grupo socialista, Valentín García, pidió que se dejen de "dar lecciones" porque es la segunda vez que el TSJEx le dice a la Junta que pare el proceso "porque lo han hecho mal", informa Efe. En el mismo sentido se expresó el portavoz de IU. Pedro Escobar consideró ayer que la Junta debe cumplir la sentencia y resolver primero el turno de ascenso antes de abrir el proceso libre. Señaló que se está transmitiendo una información falsa porque cuando se convocan 306 plazas no se tiene en cuenta que serán menos puestos si se celebra primero el proceso interno.
Por su parte, el portavoz de Prex, Damián Beneyto, dijo que este asunto se debe resolver cuanto antes e insta a cumplir la norma "porque no pueden seguir mareando a la gente". Asimismo, el portavoz del PP, Miguel Cantero, consideró "tranquilizadora" la actitud de la Junta y reiteró que esta situación es "consecuencia del capricho de CCOO", que llevó el caso a los tribunales pese a que afecta a 80.000 opositores.
ACUERDO Hay que recordar que esta convocatoria de oposiciones (que incluye también otras 270 plazas para personal funcionario, que siguen su curso con normalidad), aprobada en diciembre del 2013, fue aprobada por todas las partes en mesa sectorial (Junta, CCOO, CSIF y UGT). Por eso la Junta critica que habiendo dado el visto bueno, cuatro meses después el sindicato CCOO presentara una demanda que ahora conlleva la paralización del proceso. CSIF se sumó a esa demanda, aunque no pidió ejecución de sentencia, mientras UGT se quedó al margen. CCOO defiende que la ley está por encima del acuerdo y busca dar seguridad jurídica a la convocatoria para evitar problemas posteriores.
El Gobierno regional insiste en que utilizará todas las vías legales a su alcance para impedir que se frustre la esperanza de 80.000 opositores y actuará "contra las maniobras encaminadas a hacer imposible que se celebre el proceso". Precisa que los servicios jurídicos están estudiando todas las posibilidades y decidirá en consecuencia "respetando la ley y las competencias de los tribunales", mientras mantiene el proceso abierto. En caso de que se suspendiera, los pasos dados hasta el momento seguirían teniendo efecto y se retomarían en el momento de la suspensión tras celebrar el turno de ascenso que exige el TSJEx.
