El grupo parlamentario socialista registró ayer en la Asamblea una propuesta de pronunciamiento en la que insta al Gobierno central a asumir íntegramente las sanciones impuestas a Extremadura en relación a los pastos y al coeficiente de admisibilidad aplicable a los mismos. El portavoz socialista, Valentín García, señaló que el fin es defender los intereses generales de los agricultores y ganaderos de la región, y espera que se sumen a ella todos los grupos parlamentarios.

En este sentido, criticó las declaraciones de Podemos y La Unión al pedir responsabilidades políticas al director general de Agricultura y Ganadería de la Junta, Antonio Cabezas, ya que con ello se sitúan en contra de los intereses generales de la comunidad.

En la propuesta socialista se pide al Gobierno que pague las sanciones que la UE impone a la Junta ya que ésta «no tiene ninguna competencia, solo es entidad pagadora, y quien tiene todas las competencias es, o bien la UE que establece las normas generales, o bien el Ministerio que las traspone y concreta».

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, consideró igualmente que es el Gobierno nacional el que debe asumir el pago de esta sanción de más de 79 millones de euros. De esta forma, Monago insistió en que la multa llega al Gobierno de España, «por lo que en primera instancia, quien tiene la sanción de la Unión Europea es el Ejecutivo central y no las comunidades autónomas». «Si Europa dice que tiene que pagar 79 millones de euros la comunidad autónoma de Extremadura pues les damos las llaves y que lleven desde Bruselas la comunidad», ha aseveró. Y agregó: «Extremadura no puede pagar, sobre todo en una situación como la actual. Hombre, si nos sobrase el dinero, pues a lo mejor, pero es que aquí no sobra el dinero.

Finalmente, el presidente de los ‘populares’ extremeños ha confiado en que la Administración autonómica «tenga éxito».

Concienciar a la UE / La presidenta del grupo parlamentario Podemos, Irene de Miguel, manifestó que es necesario desarrollar una «gran labor de pedagogía en Bruselas para que las autoridades europeas comprendan las peculiares características de los sistemas agrosilvopastoriles como la dehesa».

Añadió igualmente que «en última instancia corresponde al Gobierno nacional abonar la multa que Europa exige a la comunidad por ser el Estado el responsable de defender los intereses de toda la ciudadanía del país».

«Hay que hacer ver a Bruselas que los coeficientes de admisibilidad de pastos para la dehesa y otros pastos arbolados son injustos y por otra parte se debe evitar que vuelvan a sancionar a nuestra comunidad de esta manera», subrayó la diputada Irene de Miguel.