Esta semana ha sido noticia la denuncia del Gobierno regional ante la Fiscalía Anticorrupción sobre del presunto fraude cometido por la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), UGT, CC OO y Cepes Extremadura en los cursos de formación llevados a cabo en Extremadura desde 2011, una cuestión que, aparte de su componenda política y judicial, ha hecho saltar por los aires la relación con los agentes sociales. La prueba evidente de ello ha sido la salida de banco de los sindicatos y la patronal que, alarmados con la acusación, no se han limitado a defender su cometido y la correcta administración del dinero público, sino que han ido más allá poniendo en el punto de mira de sus iras al Ejecutivo de Monago, y acusándole de tratarles como meras víctimas de sus ataques indirectos al PSOE.
Es evidente que el periodo preelectoral en el que nos encontramos lo enturbia todo y crea un caldo de cultivo donde cualquier cosa tiene una connotación interesada. También que un partido jamás desperdicia una oportunidad de atacar al contrario si tiene la más mínima ocasión. Hablar de cursos de formación, aunque no sea para parados sino para ocupados como es el caso de Extremadura, lleva implícito sembrar la sombra de sospecha después de los escándalos y los desmadres detectados en Andalucía. Sin embargo, en esta ocasión no es una denuncia política al uso, un rifirrafe de los muchos que tienen lugar todos los días. Se trata de una acusación formal ante la Fiscalía decidida en el seno de un Consejo de Gobierno tras el resultado de una auditoría externa expresamente encargada para determinar si hay o no irregularidades de gestión de los fondos públicos.
La relación de los sindicatos con el Gobierno del PP no ha sido en la presente legislatura todo lo buena que se deseara. UGT y, principalmente, CCOO han atacado al Ejecutivo hasta el punto de hacer patente una ruptura de relaciones sólo sustentadas en lo meramente formal. En cambio, la patronal y Cepes no han mostrado esa desintonía ni comportamiento, más bien lo contrario, lo que de algún modo destierra la tesis maquiavélica de que todo lo denunciado no es más que una estrategia de desprestigio contra los agentes sociales. No en vano, de lo denunciado, el principal acusado resulta la patronal, los empresarios, que a la vista de la auditoría podría haber defraudado un millón y medio de euros, el 50% de lo recibido.
Pero para rizar el rizo, el Ejecutivo, atendiendo a su responsabilidad se supone, ha puesto en manos de la Intervención General de la Junta de Extremadura la investigación de estos cursos en años anteriores, los correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010, donde se concedieron en torno a 30 millones de euros para formación de igual modo a sindicatos y patronal. El Gobierno pretende ahora retrotraer la investigación, comprobar si lo presuntamente detectado como irregular corresponde en exclusiva a la etapa en la que estamos o, por el contrario, suponía anteriormente una práctica habitual; determinar en suma si lo que se llevaba a cabo en Andalucía con alarde y hasta con descaro no tenía su parangón aquí.
¿Es lícito investigar? Por supuesto que sí. El Gobierno tiene ante sí una auditoría que le llegó el día 6 donde se determinan cuestiones tan graves como facturas por valor de 69.000 euros que, según la investigación, debían ser de 9.600; personas que daban subvenciones y las concedían a empresas de las que eran administradores y se autocontrataban ellos mismos y sus familiares como personal docente; o pagos de clases a profesores a un coste de 630 o hasta 820 euros la hora, muy por encima de los precios de mercado.
El Gobierno se ampara en que cumple con su obligación. Y aunque desde otros frentes se le acuse de armar un castillo de humo cuyo fin sea meramente electoral, no hacerlo le haría incurrir en una irresponsabilidad manifiesta desde el momento en que tiene que velar por el dinero público. Los papeles están en manos del fiscal; que investigue y lo archive o decida acusar. Ya luego veremos todo lo demás.
