El límite está en los cuatro meses: si durante ese tiempo se detecta que se ha usado el teléfono móvil más tiempo en el extranjero que en España (y no está justificado), tanto en las llamadas como en la descarga de datos, la compañía puede aplicar un sobrecoste de hasta 3,2 céntimos por cada minuto de llamada, 1 céntimo por cada mensaje de texto enviado y 7,7 euros por gigabyte.
