Que quede clara la postura del Gobierno de Extremadura en su rechazo a la Lomce. El objetivo es «incidir en una posición firme» contra una normativa que ha sido criticada por casi todo la comunidad educativa y «por la mayor parte de las administraciones de este país». Con estos argumentos explicó ayer la portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, que la Abogacía General de la Junta de Extremadura ha sido autorizada para la interposición de un recurso contencioso-administrativo, ante la sala tercera del Tribunal Supremo, frente al Real Decreto 310/2016 de 29 de julio por el que se regulan las evaluaciones finales (las ya conocidas como reválidas) de 4º de ESO y 2º de Bachillerato. La principal crítica que reciben estos exámenes es que, si no son aprobados, el alumno no podrá obtener su título correspondiente aunque tenga aprobadas todas las asignaturas del curso (esta obligación entrará en vigor el próximo curso, ya que éste servirá sólo como prueba piloto, de manera que este año la de ESO no tendrá consecuencias y la de Bachiller será similar a la Selectividad).
De este modo, Extremadura da un paso más (ya se había anunciado que se iban a recurrir las reválidas) en su lucha contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que viene impuesta desde Madrid y contra la que se han revelado 12 de las 17 comunidades autonómas.
A la espera
La decisión de llevar las reválidas al Tribunal Supremo fue uno de los asuntos que se trataron ayer en la reunión del Consejo de Gobierno. Isabel Gil Rosiña también recordó que hace dos semanas ya se autorizó a la consejera de Educación la solicitud de una reunión de la Comisión General de las Comunidad Autónomas en el Senado para abordar esta cuestión. No obstante, este encuentro aún no se ha producido.
«Estamos utilizando todos los instrumentos legales y constitucionales para decirle al Gobierno de España que no puede mantener esta ley», insistió la portavoz del Ejecutivo regional. Además, añadió que la presentación de este recurso «no implica ni cambia nada» en el corto plazo hasta que no haya una respuesta final de los tribunales.
Sin Consejo Escolar
Lo paradójico de la rebelión de las comunidades autónomas contra la tan rechazada Lomce es que la ausencia de Gobierno central mantiene bloqueado al Consejo Escolar del Estado, que es el órgano que debe emitir obligatoriamente un dictamen sobre todas las normas educativas, y eso afecta de manera directa a estas evaluaciones finales de 4º de Secundaria y 2º de Bachillerato.
La situación es la siguiente: en mayo se jubilaron a la vez el presidente del Consejo Escolar del Estado y la vicepresidenta. Sin ambos no se puede convocar el pleno ni la comisión permanente. Y como el Gobierno está en funciones, no tiene capacidad para nombrar sustitutos.
Ante este panorama, el Ejecutivo debe aprobar antes del 30 de noviembre la orden ministerial con las características generales de las pruebas de ESO y Bachillerato. Y esa orden debe pasar a la fuerza por un Consejo Escolar descabezado y sin poder de actuación.
