El consejero de Sanidad, Guillermo Fernández Vara, anunció ayer que su departamento revisará el procedimiento para otorgar la tarjeta de atención sanitaria (TAS) a los inmigrantes sin papeles , al detectarse indicios de que podría estar haciendo un aprovechamiento inadecuado de esta posibilidad.

La TAS, que entró en vigor en octubre, permite a los inmigrantes, sea cual sea su situación legal, tener acceso a las prestaciones del sistema sanitario público. El consejero explicó que ni se pretende dar marcha atrás ni poner trabas, sino controlar el uso al surgir ciertas sospechas.

NO CUESTA MAS Según señaló, se ha detectado que aparecen muchas personas con la misma dirección, "y esto puede significar que no tengan casa o que vengan de otras regiones a inscribirse y luego se marchen". Asimismo, aclaró que "no se trata de que esto suba el gasto, porque, si se van, no utilizan el sistema y además la TAS no vale fuera de aquí, sino de no impedir que se desvirtúe una medida positiva para que cualquier persona tenga acceso a la salud".

Fernández Vara indicó que esta actuación de los inmigrantes podría estar relacionada con las expectativas creadas por la apertura de un nuevo proceso de regularización de extranjeros.

Por ello, se suprimirá el automatismo, que hacía que al reclamar el inmigrante la tarjeta, se le concediese un documento provisional para tres meses y luego se le entregase la TAS.

Ahora, Sanidad, en colaboración con la Delegación del Gobierno, comprobará primero si el inmigrante reside efectivamente en Extremadura.

ENVEJECIMIENTO Por otro lado, el consejero apuntó la necesidad de poner en marcha medidas para atender a la población dependiente, "y convertir un servicio en un derecho". Vara señaló que en 20 años la esperanza de vida llegará a los 94 años, "lo que supone que muchos superarán los cien años", y agregó que "en este momento no estamos preparados para afrontar esto".