A dos semanas de terminar el pasado curso escolar, el sindicato CSIF empezó a advertir de una situación que a día de hoy sigue trayendo cola. En aquel momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunciaba la primera ola de calor en la región y a los alumnos y docentes extremeños aún les quedaban varios días de clase. El sindicato reclamó entonces a la consejería que tomara medidas excepcionales y redujera la jornada lectiva porque con tanto calor «podemos tener a los alumnos recojidos y entretenidos pero en esas condiciones no se puede enseñar», señala Mercedes Barrado de CSIF. A su petición se sumaron el resto de los sindicatos y también colectivos de padres y madres como Freapa, pero la Consejería de Educación rechazó rebajar el horario escolar (solo lo autorizó en el caso de los más pequeños) por los perjuicios para la conciliación y los servicios de transporte y se limitó a permitir a los docentes reorganizar sus clases y realizar recomendaciones para sofocar el calor (bajar las persianas, recordar beber agua,...), pero siempre manteniendo la salida del cole a las 14.00 horas.
Así terminó el curso el 21 de junio pero tras las quejas, aseguró que iba a estudiar medida para el próximo año. Y eso es lo que se debatirá mañana en la Mesa Sectorial de Educación. Pero de entrada, su propuesta para modificar el calensario escolar (ya publicado en el DOE) no convence a los sindicatos porque «se queda corta». Como adelantó ayer este diario, la consejería está dispuesta a reducir la jornada lectiva en septiembre y junio del próximo curso siempre que se den avisos de la Aemet (a partir de 38º) o Meteoalerta y previo informe favorable de cada consejo escolar. Sin embargo, para los sindicatos esta propuesta es insuficiente. «Vamos a solicitar lo que llevamos pidiendo todo el mes de junio: reducir con carácter general el horario lectivo en los meses de junio y septiembre, como ya lo hacen otras regiones con climatología más suave, pero además también queremos que se elabore un protocolo ante situaciones meteorológicas adversas, que no solo atienda el calor», señala Barrado. Este sindicato considera que además es necesario un estudio de las carencias y necesidades de cada centro para afrontar las altas temperaturas y dotarlos de los recursos necesarios.
A PIDE tampoco le satisface del todo el plan de la consejería. «No es suficiente y nos vamos a oponer porque queremos que esa reducción de la jornada se consolide en el horario y no sea solo una medida excepcional permitida ante avisos por altas temperaturas», explica Alfredo Aranda. Recuerda que el decreto (486/1997) que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo recoge que la temperatura de los centros debe estar entre los 17º y 27º. Si son inferiores o superiores a estos valores «existe un riesgo para la salud». «Incumplir esta norma de seguridad laboral puede tener consecuencias graves y puede suponer un delito», advierte. Por eso y visto el histórico de los termómetros de la región, PIDE va a proponer a la consejería que de forma generalizada las clases terminen a las 12.00 horas durante junio y septiembre. «Ya se hacía hace años y no hace falta que haya una situación de alerta o aviso meteorológico, en la región es habitual superar 27º en esos meses».
ANPE también considera que la reducción de la jornada lectiva que quiere permitir la consejería el próximo curso «debe establecerse con carácter general en junio y septiembre con el fin que los centros y las familias puedan adoptar las medidas oportunas si así lo considerase el Consejo Escolar del centro», explica Antonio Vera. «No vemos oportuno ni viable que la medida se pueda adoptar dependiendo de los días que se esté en alerta por ola de calor, ya que se deben planificar con tiempo y en previsión horarios, sesiones, rutas y servicio de comedor». Considera que solo generalizando la medida, los centros y las familias podría organizar el nuevo horario.
Desde CCOO creen que la propuesta de la consejería responde a una situación a corto plazo «y esto hay que verlo a largo plazo y poner medidas estables», afirma Francisco Jiménez. «Nos preocupan las condiciones laborales y la equipación de los centros».
