190 disparos se efectuaron "a la altura de la gente que estaba en el suelo" en el tiroteo que tuvo lugar en agosto de 2011 en el barrio del Peri de Mérida y en el que fallecieron dos personas de dos familias enfrentadas por desavenencias conyugales entre dos personas de ambas.
Así lo ha dicho hoy, en el Palacio de Justicia emeritense, una agente de la Policía Nacional en la tercera jornada del juicio por este suceso.
Según ha explicado hoy en la sesión judicial, hubo unos 190 disparos "a la altura de la gente que es estaba en el suelo", en la zona de la calle Jarandilla.
Por su parte, una médico forense ha aseverado que las heridas de Isabel Vargas fueron "mortales" tras darles en la espalda, en concreto en el homóplato.
La sesión ha sido vigilada por una fuerte presencia policial en la calle en la se halla el Palacio de Justicia emeritense, aledaño justo al barrio del Peri.
Los fallecidos fueron Isabel Vargas y su hijo Joaquín, miembros de una familia enfrentada a otra con el apellido Montoya.
También ha estado presente uno de los principales acusados, Manuel Vargas, que está en custodia policial.
Los principales imputados por la muerte de dos personas en el tiroteo del 3 de agosto de 2011 en Mérida tras desavenencias familiares dijeron en la primera de las tres jornadas del juicio, la del lunes, que efectuaron disparos pero en su propia defensa, al aire y sin ánimo de herir a nadie.
En el juicio son juzgados 11 miembros de una familia y un miembro de un segundo clan, al que pertenecían los dos fallecidos, que es el que no se presentó y que está acusado de herir a un viandante ajeno al enfrentamiento y de varios delitos de tentativa de homicidio.
Los hechos que se juzgan surgen de las desavenencias entre estas dos familias tras la separación de un matrimonio integrado por miembros de ambas.
Según el escrito de la Fiscalía, en la noche anterior al tiroteo se produjo un primer enfrentamiento en el barrio, en el que un integrante no identificado de la familia con más personas ahora acusadas efectuó un disparo, y al parecer, ambas familias quedaron en verse al día siguiente.
Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, varios miembros de la otra familia residentes en Cataluña se desplazaron a Mérida para unirse al resto de los suyos portando "numerosas armas de fuego para ser utilizadas en un posible enfrentamiento".
Esta circunstancia fue conocida por la familia rival, que optó por lo mismo, es decir, hacerse con multitud de armas de fuego para ser utilizadas "en un posible enfrentamiento recíproco".
El 3 de agosto de 2011, sobre las 12 de la mañana, miembros de la familia con vínculos en Cataluña fueron a casa del patriarca de la otra familia, quien al ver que llegaba este grupo disparó mortalmente sobre una mujer, de 70 años.
Ese disparo fue el desencadenante de un tiroteo con armas de fuego, tanto largas como cortas, entre miembros de las dos familias y la operación policial se saldó con siete detenidos en Mérida, otros cuatro en Sevilla y otro en Madrid.
Como consecuencia también falleció un hombre de 38 años, nieto de la mujer que había sido abatida, y resultaron heridas dos personas, una de la otra familia y un viandante ajeno a los hechos.
La acusación pide 50 y 47 años de prisión para los autores de los disparos mortales, así como por varios delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, y 60 años de cárcel para el que hirió al viandante y sobre el que recaen otros delitos similares a los anteriores.
El resto de acusados se enfrentan a penas de entre 30 y 37 años de cárcel.
