Las tormentas caídas en las últimas semanas en la región han ocasionado la pérdida de 600.000 jornales (450.000 en el campo y 150.000 en la industria agroalimentaria), y los daños, solo en las explotaciones agrarias, ascienden a 29 millones de euros, según los datos recabados por los técnicos de la Junta en el período del 1 al 24 de mayo. La superficie afectada es de 21.000 hectáreas, en 32 localidades, y en el caso de frutales y tomate han dañado al 100% de los cultivos en muchas explotaciones; en menor medida a cereal y olivar. A los daños en el campo hay que añadir los que han afectado a vehículos e infraestructuras, sobre todo caminos rurales, en los que habrá obras de emergencias.
Estos datos provisionales (el Ejecutivo espera tener en breve los datos definitivos) los ofreció ayer la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, tras la reunión del Consejo Asesor Agrario, donde se informó sobre toda la peritación sobre el terreno que han realizado hasta el 24 de mayo los técnicos del Gobierno extremeño. «Las consecuencias son graves, un desastre», recalcó, porque afecta a las explotaciones agrarias, a caminos rurales y al empleo.
Por ello, anunció una serie de medidas; entre ellas la solicitud al Gobierno central de Zona de Urgente Actuación (lo que hasta ahora se ha llamado declaración de zona catastrófica), y la implantación de un plan especial de empleo agrario «debido a la magnitud del desastre», insistió.
El Ejecutivo regional asumirá el coste de la mejora de los caminos rurales afectados y «acompañará en todo lo que pueda» en las ayudas que solicita al Gobierno central. Además, la consejera pidió la coordinación entre todas las administraciones «para recopilar toda la información» para ayudar a paliar todos los daños en el campo, infraestructuras y empleo.
La superficie afectada alcanza las 21.000 hectáreas, de las que cerca de 11.000 lo ha sido en un cien por cien, según subrayó.
En una semana o diez días la consejera prevé que esté el informe definitivo de daños en el campo y en las infraestructuras.
Para afrontar esta «desgracia», es necesaria la colaboración de todas las administraciones --central, autonómica, provincial y local-- «sin intereses partidistas»., por lo que «debemos tener coordinación y trabajar juntos sin diferencias», apuntó.
La consejera recordó que hace dos años se perdieron 188.000 jornales en Extremadura y lo asumió la Junta de Extremadura y las diputaciones, pero ahora, dada la «magnitud» de los daños, reclama que lo haga el Estado. El Gobierno extremeño llevará a cabo el arreglo de los caminos rurales, aunque matizó que «todo acompañamiento que haya que hacer, lo vamos a hacer».
TRABAJOS AEPSA // Al margen de estas actuaciones para paliar los daños ocasionados por las tormentas, pero también en materia agraria, el Consejo de Gobierno aprobó ayer una partida de 5,4 millones de euros en ayudas para los ayuntamientos para los trabajo del Aepsa. Se trata de subvenciones para la compra de material para dar empleo local a trabajadores del campo.
La Junta prevé que se podrán beneficiar 35.500 personas en todos los municipios de la región y espera poder resolver todas las solicitudes en junio.
La ayuda complementa a la que destina el Gobierno central a través del SEPE, según recordó ayer la portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, que incidió en que se trata de mejorar la vida sociolaboral de los trabajadores agrarios.
Tras su aprobación ayer, la convocatoria, en régimen de concesión directa, será publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) a partir de lo cual las entidades locales podrán solicitar estas ayudas.
Gil Rosiña destacó que estas ayudas se prestan en la región desde el año 2000 y sirven para contribuir a fijar la población en el medio rural, lo que es un «objetivo transversal» de la acción del Gobierno. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades locales que, a su vez, hayan sido destinatarias en el ejercicio de 2017 de las ayudas para la contratación de trabajadores que otorga el SEPE dentro del AEPSA.
Por otro lado, el Ejecutivo autonómico también aprobó ayer la transformación en regadío de 1.318 hectáreas en alta montaña en los términos municipales de Gargantilla, Segura de Toro, Aldeanueva del Camino y Casas del Monte.
Asimismo, acordó un decreto que modifica la estructura orgánica básica de la Administración autonómica y la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, para lograr «una mayor concentración y coordinación procedimental» Así, la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio asume las competencias sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos de generación, transporte y distribución de energía, hasta ahora dependientes de la Dirección General de Medio Ambiente.
Un decreto que establece el régimen jurídico de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, otro para las nuevas bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social, y una subvención de 82.000 euros a la Diputación de Badajoz para una oficina que preste servicio en las Vegas Altas, han sido otros acuerdos.
